La Constitución Monárquica que hoy cumple 30 años, es un fraude: los derechos sociales y libertades políticas que reconoce en el papel, han sido sistemáticamente limitados hasta hacerlos prácticamente nulos o negados en detrimento de la mayoría ciudadana, por las políticas que los distintos gobiernos de la monarquía han desarrollado. Por el contrario, los intereses de la oligarquía han estado permanentemente amparados por esta Constitución y por las diversas instituciones monárquicas. No es de extrañar, pues, que grandes empresarios, banqueros, militares, obispos y vasallos de la monarquía se deshagan en alabanzas hacia el Rey y su constitución. La mayoría trabajadora, en cambio, no puede pensar lo mismo de un proceso político y económico que recorta sus derechos.
Hace sólo unos meses denunciábamos desde esta misma tribuna las gravísimas consecuencias de la crisis económica que se cernía sobre las clases populares; los aduladores del régimen calificaban estas denuncias de hipótesis alarmistas. Hoy la crisis que sacude las economías capitalistas adquiere en el estado español una intensidad mucho mayor, fruto de la propia estructura económica, política y administrativa de la monarquía continuista que ha mostrado de nuevo unas limitaciones democráticas tan profundas que la incapacitan para dar satisfacción a ninguno de los principales problemas que enfrentan las clases trabajadoras y los pueblos del estado español.
Mientras los despidos crecen imparables situándonos en cabeza del paro en la UE , los beneficios de las grandes empresas agrupadas en el selectivo IBEX 35 han marcado un nuevo record en el primer semestre del año y el Presidente del Banco Santander, Sr. Botín, cuyo procesamiento por fraude fiscal fue sobreseído hace unos meses por el mismo tribunal de excepción, la Audiencia Nacional, que ha procesado a numerosas personas por criticar a la institución monárquica, aseguraba recientemente que su entidad terminaría el ejercicio con unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros.
El Secretario General de la CEOE, Díaz Ferrán, defensor a ultranza de las tesis más ultraliberales, reclama ahora la intervención del Gobierno, no para defender a las personas trabajadoras, paradas, a las jubiladas o estudiantes, sino para obtener de él más subvenciones y ayudas que permitan sanear sus cuentas y nuevas reformas estructurales que limiten más aún los mermados derechos de quienes con su esfuerzo y trabajo construyen el futuro. El gobierno Zapatero no se ha hecho esperar y ha corrido a aprobar unas medidas que suponen nuevamente beneficiar a los capitalistas en detrimento de las clases trabajadoras, el trasvase de fondos del dinero público recaudado de nuestros impuestos y salarios inyectado como balón de oxígeno en las cuentas de los grandes bancos.
Los grandes empresarios y empresarias que han cimentado sus fortunas a costa de la mayoría, exigen al Gobierno más obra pública y apoyo para dar salida a su emporio del ladrillo que ha disparado la deuda de las familias a limites imposibles de pagar; dirigen también sus inversiones hacia el sector público para hacer negocio de la educación, la sanidad, el agua, el transporte y todos aquellos servicios necesarios para la ciudadanía.
Los gobiernos de las distintas instituciones, central y autonómicas, les sirven en bandeja dichos servicios para que continúen lucrándose a costa del robo de los bienes que son propiedad común de todos y todas. Leyes como la 15/97 que permite los modos de gestión privada en la sanidad o la LOU que ampara la entrada de las empresas en las Universidades públicas son buena prueba del soporte legal que el gobierno de la monarquía ofrece a las comunidades autónomas y empresas privadas para el desmantelamiento total del sector público.
En definitiva, la minoría oligárquica que controla el poder en la España monárquica, descarga una vez más, como tantas otras, sobre las espaldas de la clase trabajadora, las consecuencias de una crisis que ha creado su insaciable sed de dinero. Quienes han medido y miden el valor de lo colectivo, del esfuerzo común, según la cuenta de resultados de sus negocios, reclaman con el mayor cinismo nuevos sacrificios a las clases populares.
Su avaricia no tiene límites y su desvergüenza tampoco. Lo mismo cabe decir del Gobierno, del PP y de la inmensa mayoría de los partidos con representación parlamentaria. Se han renovado unos a otros los votos de consenso, no para ayudar al pueblo a superar esta demoledora crisis, sino para garantizar la mano dura del estado contra sus reclamaciones laborales y sociales. Todos hacen suyo el lema: menos Estado para defender al conjunto de trabajadoras y trabajadores y más Estado para arrebatarles sus derechos.
El Gobierno Zapatero ha decidido girar aún más a la derecha, abrazando con diferencias de matiz, las tesis del PP en materia económica, de política internacional y en lo referente a la cuestión de las nacionalidades. La utilización del nacionalismo y el recurso al patrioterismo más ramplón contribuye a desviar la atención de los gravísimos problemas sociales. Un elevado número de representantes de fuerzas políticas vascas han sido condenados a largas penas de cárcel y tres partidos ilegalizados, lo que niega los derechos políticos de decenas de miles de personas, pero esta forma de actuar no hace avanzar ni un paso en la solución. La negativa al ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, continúa impidiendo una necesaria salida democrática y negociada.
La ignominiosa desmemoria impuesta en la transición y perpetuada a lo largo de estos treinta años, sigue impidiendo reconocer el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que dieron todo por la democracia y la libertad, ampara a sus asesinos y legitima de forma cínica y cobarde a un régimen amigo del nazi fascismo y responsable de una cruel dictadura que ahogó en sangre durante cuarenta años las ansias de progreso de los pueblos que componen el estado español. La jerarquía católica continúa inmiscuyéndose en la vida política y abusando de las prebendas que le reconoce el Concordato de 1979 de corte claramente franquista: cualquier propuesta de avance en el terreno de la cultura, la moral, o el desarrollo de la ciencia es atacada con saña, en tanto, el inmenso aparato de propaganda del régimen, particularmente las televisiones, públicas o privadas, fomenta todo tipo de supersticiones e instituciones reaccionarias, potencia el individualismo, la violencia irracional y el militarismo. Política, ideas y valores, todo se pone al servicio de los intereses de una minoría oligárquica.
En el mundo crece la tensión y la agresividad de las potencias imperialistas, particularmente de la hegemónica: EEUU; y el Estado monárquico, con el Gobierno y sus instituciones a la cabeza nos implica de una forma cada vez más abierta en la escalada belicista que asuela los pueblos hermanos de Irak, Afganistán, Líbano, etc. El apoyo del gabinete de Zapatero a las constantes presiones y amenazas del gobierno estadounidense a los pueblos hermanos de Latinoamérica y de modo particular su enaltecimiento de regímenes como el de Uribe, implicado en numerosísimas denuncias de violación de los derechos humanos, narcotráfico y terrorismo de Estado, son muestras de su empeño en defender, por encima de su demagogia populista los intereses de las fuerzas reaccionarias.
No podemos dejar de mencionar el papel de la UE dentro de esta ofensiva del capitalismo contra la clase trabajadora y los pueblos en este contexto de crisis globalizada. La directiva Bolkenstein cuya transposición al Estado español ha sido recientemente decidida por el Gobierno, que facilita la degradación del empleo en el sector y favorece la privatización de los servicios públicos; la directiva de la vergüenza que llega a establecer el encarcelamiento por hasta 18 meses para las personas inmigrantes por el “delito” de no tener papeles, lo que supone una clara violación de los más elementales derechos de los seres humanos y la directiva que permitirá ampliar la jornada laboral a 65 horas semanales, no son sino un conjunto de medidas encaminadas a mantener los suculentos beneficios de la oligarquía a costa de precarizar hasta los límites las vidas de la mayoría trabajadora europea.
Con todo, los últimos años, han visto reverdecer la lucha por la III República , una reivindicación nunca olvidada, una reivindicación ahora recuperada por la juventud que se incorpora poco a poco a la lucha política.
Para nosotras y nosotros la reivindicación republicana no es un mero adorno estético o ético, es una necesidad: Únicamente la superación democrática del régimen monárquico cuya razón de ser no es otra que la de servir de garantía del pacto con la oligarquía que le ha permitido mantener en su mano los resortes de poder que controlaba en el franquismo, y la instauración de una III República Popular, Laica y Federal puede crear las bases de un nuevo marco político en el que las reivindicaciones populares puedan recibir un nuevo impulso.
Por eso en este 30 aniversario de la constitución del 78, en el que el derecho a la vivienda, al trabajo, a la protección social no son sino pura retórica y las libertades democráticas no dejan de ser sino una aspiración, denunciamos el engaño que supuso la Transición y reafirmamos nuestro compromiso por derrocar un régimen encabezado por la monarquía que protege los intereses y perpetúa en el poder económico y político a los de siempre y nuestro compromiso por construir una III república que sea el resultado de la libre voluntad de los pueblos del Estado Español y salvaguarde los intereses de las clases trabajadoras.
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