miércoles, 25 de junio de 2008

[Behatokia-cast] conclusión del juicio contra gestoras pro amnistía y askatasuna


Ha concluido la vista oral del juicio contra el movimiento vasco 
Pro-Amnistía en el que presuntamente se enjuician delitos de pertenencia 
a organización armada contra 27 ciudadanos y ciudadanas vascas.

Reconociendo el tribunal que pretende juzgarnos, en su trayectoria 
histórica de heredero directo del Tribunal de Orden Público franquista y 
hoy en día, en su actuación contra las actividades sociales, políticas, 
culturales en nuestro país, Euskal Herria, y en concreto en los 
anteriores juicios referentes a las organizaciones juveniles Haika-Segi 
y más recientemente el conocido como macrosumario 18/98,

Considerando que en nuestra actividad de denuncia de la represión 
siempre ha encontrado un lugar prioritario la actuación de este tribunal 
excepcional por su falta de independencia e imparcialidad, por su 
desapego a las garantías y principios de derecho, por aplicar no la 
justicia, sino por dar mero ropaje jurídico a la venganza política,

Reafirmándonos en que el ejercicio de los derechos políticos –libertad 
de expresión, de asociación, de manifestación…- no son negociables, 
fiscalizables, sometidos a condición,

Siendo conscientes de que la sentencia contra nosotros y nosotras está 
escrita, que ésta es condenatoria y que no dependerá de la actitud que 
mantengamos ante dicho tribunal,

En esas condiciones, decidimos renunciar al ejercicio que la defensa 
jurídica.

Así, durante dos meses se han reproducido, ante nuestra actitud pasiva 
pero respetuosa, las pruebas de las acusaciones; las interpretaciones de 
Policías Nacionales y Guardias Civiles que han participado en la 
elaboración del sumario, y aceptados por el tribunal como peritos 
científicos, objetivos, independientes; la lectura de artículos 
aparecidos en prensa, de documentos sobre nuestra actividad, de escuchas 
telefónicas relativas a nuestro quehacer diario.

Hemos observado como convidados de piedra como en estas 29 sesiones se 
han retorcido los hechos, se han presentado como actos delictivos la 
denuncia de la represión y la solidaridad con sus víctimas. Hemos 
conocido que éramos miembros de una organización armada, si bien nuestra 
actividad es reconocidamente pública y pacífica. Hemos tenido 
conocimiento de que cuando llevábamos a cabo la actividad de cualquier 
organismo popular –organización de sorteos y rifas, distribución de 
carteles, convocatoria de ruedas de prensa y movilizaciones…- seguíamos 
en realidad consignas y órdenes de ETA.

Pero con la presentación de las acusaciones, también nos hemos 
apercibido, junto con el propio tribunal, de una realidad insoslayable: 
la existencia de la tortura, la política penitenciaria de dispersión y 
el sufrimiento que esto genera en presos y familiares, la práctica del 
terrorismo de Estado, la vulneración de derechos políticos tales como la 
libertad de expresión y de asociación, la inexistencia de justicia y 
reparación para grandes sectores de la sociedad vasca. Realidad que 
siempre viene de la mano cuando se habla de la actividad del movimiento 
Pro-amnistía.

Y, ciertamente, hemos podido comprobar que la Audiencia Nacional y las 
acusaciones no pueden comprender nuestra decisión libre, nuestra 
elección vital de denunciar la violencia del Estado y sostener 
propuestas para su erradicación definitiva. No logran entender que no 
somos esclavos de nadie y precisamente eso ha hecho que nos involucremos 
en cuerpo y alma en una lucha incómoda para el poder, cual es la de la 
solidaridad con sus víctimas. No llegan a comprender que es precisamente 
la persistencia de la represión la que genera la respuesta 
multitudinaria por la amnistía. No entienden este concepto, que se 
remite indefectiblemente a la superación de todas las causas que generan 
las violencias.

Y por ello, prefieren quitarnos del medio, aumentando la cuota de dolor 
y sufrimiento. Generando más presos y presas políticas. Y con ello, 
mayores niveles de indignación social y respuesta.

Pero en este último periodo de tiempo también hemos podido escuchar 
multitud de voces amigas que se han solidarizado con nosotros y nosotras 
y que han querido recoger el testigo de acompañar a quienes sufren la 
represión. Organismos de derechos humanos del ámbito nacional e 
internacional han alzado la bandera de la necesidad de la denuncia ante 
la violencia del estado, frente al muro de la impunidad. Se ha escuchado 
con nitidez a quienes, desde sectores académicos, juristas, claman por 
la desaparición de la Audiencia Nacional artífice de la interpretación 
abusiva del término de terrorismo y de la aplicación de tal vez la más 
evidente versión práctica en el mundo del derecho penal de enemigo.

Y una vez visto el juicio para sentencia, preguntamos a quienes no han 
podido juzgarnos pero nos impondrán, sin duda, una alta condena: ¿Qué 
habéis conseguido? ¿Y ahora qué?

Todas las crónicas referentes a la vista oral disponibles en la página 
web www.ehwatch.org

martes, 24 de junio de 2008

Comunicado sobre la denegación de aborto en el Hospital de San Juan de Alicante.



extraido dones d'elx

por Gloria

Comunicado sobre la denegación de aborto en el Hospital de San Juan de Alicante.

La Unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan’d Alicante ha denegado el acceso al aborto a una ilicitana de origen africano. Esta mujer quería acogerse a uno de los supuestos en qué el aborto no es delito: el riesgo para la salud psíquica, como lo hacen el 97 % de las mujeres que acuden al aborto legal al estado español.

La denegación ha sido doble: en la primera consulta, el día 27 de mayo, la Cabeza de la Unidad, María Angustias Oliveras, de manera grosera y claramente ilegal, se negó a hacer la valoración psiquiátrica para la cual había sido citada la paciente. Tras varias gestiones, la paciente consiguió una nueva consulta dos semanas después. En ella, el psiquiatra que va atenderla, decidió no hacerle el informe necesario para acceder al aborto legal.

El argumento central manifestado verbalmente por ambos psiquiatras ha sido que es "reincidente" a abortar, puesto que lo había hecho una vez anteriormente. Ante estos hechos,

DENUNCIAMOS:

- La ley de aborto vigente, que deja la decisión del aborto a otras personas quitándola a la mujer que quiere interrumpir su embarazo, y que permito que sólo el 3% de los abortos se realizo en la sanidad pública.

- La interpretación restrictiva de la ley que hace la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan’d Alicante, dirigida por Maria Angustias Oliveras, al aplicar criterios que restan fuera de la mismo tales como si la mujer ha abortado antes con cargo a la seguridad social, y sin valorar realmente el que supone para la salud psíquica de las mujeres seguir adelante con un embarazo no deseado.

EXIGIMOS:

- Una ley que saque el aborto del Código Penal, y lo incluya como una prestación sanitaria cubierta efectivamente por la sanidad pública, de forma que estas cosas no puedan volver a suceder.

- Que se investigue si se ha vulnerado el derecho de las mujeres remitidas a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de San Juan para la valoración psiquiátrica requerida para abortar, y si ha sido así, que se depuran responsabilidades.

viernes, 20 de junio de 2008

El ‘monólogo’ del Presidente Sarkozy: Una representación de escaso alcance




Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández


El Presidente francés Sarkozy ha aparecido en dos ocasiones en el epicentro de los medios de comunicación de masas al anunciar su determinación de liberar a la ciudadana de doble nacionalidad, francesa-colombiana, Ingrid Betancourt, retenida en cautividad por el movimiento de la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército Popular de Colombia (FARC-EP). Siguiendo las huellas de las exitosas negociaciones de Hugo Chávez de diciembre pasado y primeros de enero de 2008, que condujeron a la liberación unilateral por parte de las FARC de cuatro secuestrados, Sarkozy anunció su determinación de implicarse directamente en la liberación de Ingrid, aunque tuviera que arriesgarse a llegar hasta la selva de Colombia y trepar por sus montañas (1).

Una vez que las cámaras se esfumaron, Sarkozy puso a su Ministro de Asuntos Exteriores, Bernie Kouchner, a cargo de las negociaciones con las FARC con un teléfono móvil de larga distancia en la mano. Los antecedentes de Kouchner como partidario entusiasta de la guerra estadounidense en Iraq (eligió este país para su primer viaje en el cargo y así manifestar su apoyo a las tropas estadounidenses), un seguidor incondicional de toda la vida de la guerra de Israel contra los palestinos, incluyendo la guerra genocida contra Gaza, y su gestión como alto representante de Naciones Unidas en Kosovo a finales de la década de 1990, cuando se perpetró la limpieza étnica de 200.000 serbios, no le convertían precisamente en alguien muy fiable como interlocutor con las FARC. Kouchner estableció contacto telefónico con el dirigente y negociador de las FARC Raul Reyes, uniéndose al Presidente Chávez de Venezuela y al Presidente Correa del Ecuador. La CIA y los agentes de la inteligencia colombiana pincharon las conversaciones telefónicas de Kouchner con Reyes, con o sin conocimiento de Bernie (2). Reyes (desconociendo quizá el papel de Kouchner como intermediario imperialista) negoció de buena fe, prometiendo liberar a Ingrid y a otros prisioneros a cambio de la promesa de la respuesta recíproca por parte del gobierno colombiano de liberar a 500 miembros y simpatizantes encarcelados de las FARC. Mientras tanto, el gobierno colombiano continuó con sus brutales y masivas redadas por las zonas rurales, donde masacraron a cientos de campesinos sospechosos de simpatizar con las FARC. El Presidente colombiano Uribe afirmó que el objetivo era ‘liberar’ militarmente a los prisioneros (3). El fracaso vergonzoso de Sarkozy para convencer a Uribe de que negociara y la falta de voluntad de Kouchner para presionarle hicieron que la misión humanitaria se viniera abajo.

Un mes después, Sarkozy convocó de nuevo a los medios de comunicación y leyó una carta dirigida al dirigente de las FARC Manuel Marulanda, exigiéndole que liberara inmediatamente a Ingrid o tendría que enfrentarse al oprobio de la comunidad internacional y a la condena eterna por un crimen contra la humanidad (4). Una vez más, los medios de masas dieron la más amplia de las coberturas a su discurso, fotos incluidas, que se emitieron por todo el mundo. Ni que decir tiene que como director de orquesta de todo el acto ‘humanitario’, Sarkozy pensó que no era conveniente mencionar las demandas de las FARC sobre intercambio recíproco de prisioneros ni de la zona desmilitarizada para llevar a cabo las negociaciones. El silencio del Maestro Sarkozy sobre la campaña de bombardeos en curso del Presidente colombiano Uribe (y del Presidente George Bush) sobre las zonas rurales colombianas y su rechazo a negociar no se mencionó nunca durante, o después, de su extravaganza en la prensa. Ignorado por las FARC, así como por Uribe y Bush, Sarkozy se volvió hacia el Presidente Chavez y le pidió que exigiera a las FARC que proporcionaran pruebas recientes, fotos incluidas, de los cautivos de las FARC (5).

Las FARC notificaron a Chavez y Sarkozy que accederían a enviar dos emisarios, que fueron capturados con toda prontitud por el ejército colombiano, torturados y encarcelados. Evidentemente, las líneas de comunicación Kouchner-Chavez estaban activamente controladas. A través de todo el ‘proceso de negociación’, EEUU apoyó al régimen colombiano en su alegación que no haber recibido nunca un solo mensaje público (y mucho menos exigencia) de Sarkozy instándole a responder de forma positiva a los gestos de buena voluntad de las FARC liberando a algunos de sus prisioneros políticos. En la noche del 1 de marzo de 2008, un satélite de la inteligencia estadounidense señaló la ubicación precisa de Reyes justo al otro lado de la frontera con Ecuador y Uribe ordenó a las fuerzas colombinas que bombardearan el campamento de los negociadores de las FARC, un ataque a través de la frontera que mató a Reyes, el jefe de los negociadores de las FARC, y a otros 18 guerrilleros, a cuatro universitarios mejicanos y a un civil ecuatoriano (6). La operación militar al otro lado de la frontera colombiana representó una flagrante violación de la soberanía ecuatoriana y destruyó el proceso de negociaciones. Uribe acabó deliberadamente con el principal negociador de las FARC que trabajaba con Sarkozy, Chavez y Correa (7). Está muy claro que a las FARC les resultó extremadamente costosa su concesión humanitaria unilateral, en términos de pérdida de vidas de dirigentes clave, aumentando su vulnerabilidad frente a las posibilidades de detección y ataque del ejército colombiano. En ningún momento, Sarkozy o Kouchner criticaron a Uribe. De hecho, Kouchner alabó los ataques antiterroristas de Uribe.

Sarkozy, al igual que esos actores cuyas rancias bromas no provocan ya risa alguna excepto cuando adoptan una pose trágica solemne, convocó, una vez más, a los medios de comunicación de masas para informar a las FARC que iban a permitir que la Cruz Roja Internacional se reuniera con Ingrid. Anunció que iba a enviar un avión a Colombia con personal sanitario francés y que las FARC deberían preparar un contingente de bienvenida para escoltar a la enferma Ingrid Betancourt hasta la delegación francesa para que pudiera recibir tratamiento médico. Relegando a las FARC al papel de segundones, el director de orquesta Sarkozy asumió que no tenían otra opción más que seguir su batuta porque si rehusaban, afirmó, revelarían su ‘inhumanidad’ al impedir que una ‘cautiva enferma, casi terminal’ recibiera cuidados médicos básicos (8).

Como todos los chantajistas morales, Sarkozy fue siguiendo la práctica de pedir cada vez más después del primer pago. Una vez aseguradas las ‘pruebas’ previas de la existencia de los cautivos, volvió a exigir nuevas concesiones unilaterales. A primeros de abril, Sarkozy montó su show a la par que una manifestación en París por la ‘Libertad de Ingrid’. El avión cargado de personal sanitario aterrizó en Colombia y, como es habitual, Sarkozy pergeñó un show grandioso ofreciéndose él mismo para ir a la selva si fuera necesario, sabiendo perfectamente que no era más que un truco publicitario barato.

Sin embargo, en esta ocasión no había latinoamericanos que ofrecer en ‘apoyo’ de su show en los medios. La Presidenta argentina Cristina Kirchner, que estaba en París en visita oficial, dijo a los medios que la liberación de Bentacourt debería ser parte de un intercambio recíproco de prisioneros, poniendo una nota disonante en el show de Sarkozy (9). El Presidente Chávez fue incluso más directo. Le dijo a Sarkozy que debería dirigir su mensaje humanitario a los Presidentes Bush y Uribe, ya que eran ellos los principales obstáculos para cualquier intercambio recíproco de prisioneros (10).

El avión de Sarkozy se posó en una pista colombiana, donde el contingente francés se fue aburriendo según pasaba el tiempo y no anhelaba más que volverse a París. La Cruz Roja Internacional no recibió mensaje alguno. Las FARC no respondieron, conscientes de que cualquier comunicación o misión humanitaria facilitaría de nuevo otro ataque del ejército contra los negociadores de las FARC.

Las exigencias y órdenes a las FARC quedaron sin respuesta. El show no logró retener la atención de los medios.

El silencio de las FARC era previsible, sabedores que cualquier comunicación con Bernie Koucher estaría controlada por sus amigos de la CIA. Ni intercambios, ni consultas, ni seguridad, ni respuestas. Los Presidentes latinos que habían prestado atención a los anteriores shows humanitarios en los medios no enviaron siquiera funcionarios de tercera para que acompañaran al aburrido personal de los medios y sanitarios franceses repantingados en el aeropuerto infestado de mosquitos. Varios días después, las FARC enviaron por email un comunicado público (4 de abril de 2008) a Sarkozy y a la opinión pública en el que dejaban claro por qué el ‘Monólogo’ de Sarkozy estaba predestinado a fracasar. El comunicado de las FARC subrayaba cuatro puntos (11). Se afirmaba que la liberación previa unilateral de seis prisioneros fue ‘decisión soberana’ de las FARC y no consecuencia de debilidad o presiones, dejando así claro que no se les podía forzar para hacer nuevas concesiones. En segundo lugar, subrayaron que su prioridad, como parte de un acuerdo recíproco, era la libertad de sus 500 camaradas guerrilleros encarcelados en prisiones de Colombia y EEUU. Enfatizaron que Uribe no había cumplido ninguna de las condiciones esenciales para las negociaciones, a saber, una zona desmilitarizada donde pudiera tener lugar el intercambio humanitario. Esto suponía recordarle a Sarkozy que su parcial y distorsionado énfasis en una liberación unilateral de los prisioneros retenidos por las FARC era irrealizable. Las FARC recordaron también a Sarkozy y a la opinión pública que la militarización de las zonas rurales llevada a cabo por las administraciones Bush y Uribe eran una amenaza mortal para cualquier equipo negociador de las FARC.

La tercera parte del comunicado señalaba directamente a Sarkozy por el asesinato perpetrado por el gobierno de Uribe de su anterior equipo negociador, incluido el asesinato de Reyes, que imposibilitó cualquier intercambio humanitario. Sarkozy, al pasar totalmente por alto el asesinato de Reyes y sus colegas, y al no reconocer y condenar la política deliberada de Uribe de matar a los negociadores, liquidaba cualquier posibilidad de continuar con la misión humanitaria.

En la última parte, las FARC dejaban claro que en vista de las condiciones anteriores, no iban a cooperar con la misión médica. Y en una señalada referencia a la arrogancia unilateral, aunque impotente, de Sarkozy, a las imposiciones y a sus pretensiones de erigirse en un líder humanitario mundial, las FARC afirmaban con toda claridad: “No actuamos en respuesta a chantajes y campañas en los medios. Si al comienzo del año el Presidente Uribe hubiera desmilitarizado Pradera y Florida (dos municipios) durante 45 días, tanto Ingrid Betancourt como los prisioneros del ejército y los prisioneros de la guerrilla habrían recobrado su libertad y habría habido una victoria compartida’.

Cae el telón

El avión con el séquito médico y los medios voló de regreso a París. No había periodistas esperando en la pista vacía y oscura. Una vez más, Sarkozy, director y actor único de su monólogo, había manifestado su virtuosismo como intérprete fracasado y político mediocre.

Epílogo

Dos meses después, Bernard Kouchner celebró la muerte del dirigente de las FARC Manuel Marulanda, y el asesinato de otros dirigentes, manifestando que abrían el camino para la liberación de Betancourt, haciéndose eco de la línea del régimen de Uribe. Esto puso fin con absoluta eficacia a cualquier papel francés en el proceso, en coherencia con la larga afinidad de Kouchner con regímenes de gangster.

***

(1) BBC, 6 diciembre 2007, y AFP, 28 febrero 2008.

(2) Última entrevista con Reyes, 28 febrero 2008, por Anibal Gurgon e Ingrid Storgen, KAOSENLARED.NET

(3) 'Uribe ordena al ejército que ‘localice’ a los secuestrados por las FARC', La Jornada, 30 marzo 2008.

(4) La Jornada, 26 marzo 2008.

(5) La Jornada, 30 marzo 2008.

(6) Miami Herald, 6 marzo 2008. Sobre la colaboración de EEUU, véase Expresso/Guayaquil “Pilotos colombianos operaron desde la base estadounidense en Manta”.

(7) Richard Goff : 'Uribe's Illegal Cross Border Raid', Counterpunch, 3 marzo 2008.

(8) La Jornada, 3 abril 2008. El 8 de abril, sólo cinco días después, Kouchner admitió que la salud de Ingrid Betancout era mejor de lo que había dicho Sarkozy.

(9) La Jornada, 7 y 8 abril 2008.

(10) La Jornada, 4 abril 2008.

(11) Comunicado de las FARC, 4 abril 2008. Agencia Bolivariana de Prensa

miércoles, 18 de junio de 2008

ANTE EL TRIUNFO DEL NO AL TRATADO DE LISBOA EN IRLANDA


Comité Ejecutivo


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El Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) saluda la victoria del NO al Tratado de Lisboa en el referéndum irlandés, celebrado el pasado 12 de junio, y felicita a los y las comunistas de Irlanda y a las fuerzas obreras y populares por esta importante victoria.

Los resultados del referéndum irlandés muestran las verdaderas razones por las que la oligarquía europea ha tratado de imponer los contenidos más agresivos de la derrotada Constitución Europea a través de ratificaciones parlamentarias. El triunfo del NO en Irlanda es continuación del NO a la Constitución Europea manifestado por el pueblo francés y holandés en 2.005, y reflejo directo de la oposición popular a la construcción imperialista de Europa. Como sucediese con el referéndum en Francia y Holanda, el NO irlandés demuestra nuevamente lo alejadas que se encuentran las mayorías parlamentarias –favorables a la UE imperialista- de los intereses y de las verdaderas preocupaciones de los pueblos.

Se confirma una vez más que las estructuras de la UE piensan y actúan al margen de la opinión popular, negando el derecho de los pueblos a pronunciarse –eso es la democracia burguesa-, tratando de imponer medidas que sólo benefician al capital monopolista, para lo que no dudan en liquidar las conquistas democráticas que aún figuran formalmente en buena parte de los ordenamientos jurídicos de los países miembros de la UE.

Las clases dominantes y sus representantes políticos tratan de desvirtuar los resultados del NO irlandés recurriendo a todo tipo de manipulaciones. Para el PCPE se trata objetivamente de una victoria de los intereses obreros y populares frente a los intereses del capital monopolista. La lucha debe continuar frente a los nuevos intentos que prepara la oligarquía para imponer el Tratado de Lisboa. Exigimos por tanto, y en primer lugar, que el Tratado de Lisboa sea sometido a referéndum en España, para lo que debe emprenderse un trabajo unitario, partiendo de las plataformas por el No a la Constitución Europea, como esperamos que suceda en el resto de países de la UE a cuyos pueblos se les ha negado el derecho a pronunciarse.

Por ello llamamos a la clase obrera, a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y a la mayoría social interesada en frenar la construcción imperialista de la UE, a incrementar la lucha contra la privatización de los servicios públicos y contra el retroceso de derechos sociales y laborales que las nuevas directivas de la UE pretenden imponernos y cuyo máximo ejemplo es la directiva que pretende alargar la jornada laboral a 65 horas semanales, verdadero ejemplo de hasta dónde pretende el capital llevar la esclavitud asalariada, como luchas necesarias que demuestran la necesidad de exigir un referéndum en nuestro país sobre el Tratado de Lisboa cuya retirada exigimos.


¡EXIGIMOS UN REFERÉNDUM EN TODOS LOS PAÍSES DE LA UE!

¡NO AL TRATADO DE LISBOA!

¡NO A LA CONSTRUCCIÓN IMPERIALISTA DE LA UE!

martes, 17 de junio de 2008

El PCPE responde por boca de Quim Boix al diario El Mundo

El diario El Mundo trata de relacionar al PCPE con ETA y las FARC
Quim Boix- PCPE (Para Kaos en la Red) [14.06.2008 00:24] - 1366 lecturas - 17 comentarios


Señores.

Les adjunto el texto que PIDO SEA PUBLICADO INMEDIATAMENTE en su edición estatal, para rectificar lo que me afecta de su noticia de las páginas 8 y 9 de su esdición estatal de ayer jueves 12 de junio de 2.008. Lo mismo en lo que afecta a su edición electrónica.

Deseo que no necesite usar de mis derechos, legalmente previstos, para conseguir la rectificación de una noticia TOTALMENTE EQUIVOCADA en lo que se refiere tanto a mi persona como a mi organización, EN NOMBRE DE LA CUAL TAMBIÉN LES ESCRIBO.

Espero sus noticias.

Atentamente.

Quim Boix

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TEXTO QUE PIDO QUE PUBLIQUEN DE FORMA EQUIVALENTE A LA FALSA O EQUIVOCADA NOTICIA DIFUNDIDA:

EN SU EDICIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO PUBLICA SU PERIÓDICO UNA INFORMACIÓN EN LA QUE SE ME IMPLICA EN UNA SUPUESTA REUNIÓN CON UN REPRESENTANTE DE LAS FARC EN ZURICH.

CON RESPECTO A ESTA INFORMACIÓN LES REQUIERO PARA QUE DE FORMA INMEDIATA Y CON LA MISMA IMPORTANCIA PUBLIQUEN UNA RECTIFICACIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

SOY RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, CARGO QUE EJERZO DESDE HACE ALGUNOS AÑOS. COMO PARTE DE MI TRABAJO AL FRENTE DE ESTA RESPONSABILIDAD HE VIAJADO A SUIZA EN FECHAS PASADAS PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES, UNAS EN GINEBRA (CON MOTIVO DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA OIT) Y OTRAS EN DIVERSOS LUGARES. UNA DE ELLAS CELEBRADA EN ZURICH EL PASADO SÁBADO EN EL LOCAL QUE INDICA SU PERIÓDICO CON COMUNISTAS ESPAÑOLES RESIDENTES EN ESA CIUDAD.

EN DICHA REUNIÓN NO ESTUVO PRESENTE LA PERSONA DE NACIONALIDAD COLOMBIANA QUE MENCIONA SU PERIÓDICO NI NINGÚN REPRESENTANTE DE LAS FARC (COMO AFIRMAN POR ESCRITO LOS CONVOCANTES DE LA REUNIÓN, EL PARTIDO DEL TRABAJO DE SUIZA). ES POR ELLO UNA INFORMACIÓN FALSA LA QUE SU PERIÓDICO PUBLICA CON UNA GRAN IRRESPONSABILIDAD, Y QUE TIENE A NUESTRO ENTENDER COMO FINALIDAD DIFUNDIR UNA DETERMINADA IMÁGEN DEL PCPE Y DE SU RESPONSABLE INTERNACIONAL EN LA ACTIVA CAMPAÑA QUE REALIZAN COMO PERIÓDICO EN RELACIÓN A LA SITUCIÓN POLÍTICA EN LATINOAMÉRICA, Y CONCRETAMENTE EN COLOMBIA.

EL PCPE COMO ORGANIZACIÓN SOBERANA MANTIENE LAS RELACIONES INTERNACIONALES QUE SE AJUSTAN AL DESARROLLO DE SU PROYECTO POLÍTICO SIN QUE NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN LE DICTE LO QUE ES O NO POLÍTICAMENTE CORRECTO, COMO HACE ESE PERIÓDICO EN EL ARTICULO DE REFERENCIA. EN CONCRETO SU PERIÓDICO “OLVIDA”, NO SÉ SI INTENCIONADAMENTE, LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA QUE ES RESPONSABLE DIRECTO O INDIRECTO DE MILES DE MUERTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SINDICALISTAS Y DIRGENTES POLÍTICOS, COMO ACABA DE DENUNCIAR LA OIT UN AÑO MÁS.

ES DE DESTACAR EL GRADO DE CONTROL QUE SE EJERCE SOBRE LA ACTIVIDAD POLÍTICA DEL PCPE, HASTA EL EXTREMO DE QUE UNA REUNIÓN ORDINARIA DEL DESARROLLO DE NUESTRO PROYECTO POLÍTICO TRASCIENDE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TOTALMENTE TERGIVERSADA Y ES UTILIZADA PARA PROMOCIONAR DETERMINADOS OBJETIVOS POLÍTICOS AJENOS A NUESTRA ACTIVIDAD.

Y LE RECUERDO, PARA CONOCIMIENTO DE SU DESINFORMADA CORRESPONSAL, QUE EL NOMBRE CORRECTO DE NUESTRO PARTIDO NO ES EL QUE PUBLICAN USTEDES, SINO PCPE. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA.

Quim Boix
Responsable de Relaciones Internacionales
CC del PCPE
Partido Comunista de los Pueblos de España
C/ Carretas 14, 6-G1
28002 Madrid
Tel+Fax 0034 915329187

lunes, 16 de junio de 2008

¿Comprar a Cuba con telefonitos?


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Economía
domingo, 15 de junio de 2008
ImageLuis Toledo Sande Cubarte - Cubarte.- En lo más crudo de circunstancias que no cesan del todo, y que se bautizaron, como para conjurar pesimismos, período especial, Cintio Vitier leyó un memorable discurso ante un público de cubanas y cubanos, mayoritariamente jóvenes, que lo aplaudieron con emocionada identificación. Vitier citó del Diario de campaña de José Martí una línea que había pasado como inadvertida o sin mucha atención entre sus estudiosos. Al resumir conversaciones sobre la guerra independentista de 1868-1878 sostenidas por combatientes de la iniciada el 24 de febrero de 1895, el 7 de mayo de ese año Martí describe el entorno insurreccional de aquellas pláticas, y apunta: “El alambre del telégrafo se revuelca en la tierra.”
Vitier observó que en la narración martiana la imagen del cable telegráfico hacía pensar en una culebra. No era para menos, tratándose de un medio material que, de no cortarse hasta dejarlo retorciéndose en el suelo, habría servido a las fuerzas colonialistas españolas en su afán de impedir el triunfo de los rebeldes cubanos que nuevamente se habían alzado por la liberación nacional. Se estaba una vez más ante la tenacidad de un ejército popular, pobre, enfrentado a tropas regulares bien pertrechadas.

Aquellas conversaciones ocurrieron “cerca de Baraguá”, escenario de la histórica Protesta, y Martí recogió en su Diario el testimonio del combatiente cubano que había guiado al general colonialista Martínez Campos a su encuentro con el general libertador Antonio Maceo, quien rechazó las propuestas del representante del gobierno español. El guía cuenta la reacción de Martínez Campos: “El hombre salió colorado como un tomate, y tan furioso que tiró el sombrero al suelo, y me fue a esperar a media legua.”

Semejante furia se inscribe en la soberbia de los poderosos que han querido someter al pueblo cubano, al cual en sus luchas no lo han amedrentado las desventajas de ningún tipo, incluidas las tecnológicas. Pero la cita del Diario martiano no era un llamamiento a menospreciar la tecnología, ni sugerir tal cosa era la intención de Vitier. Profundo conocedor del legado martiano, al autor de Ese sol del mundo moral no podría escapársele que uno de los aportes de Martí para nuestra América fue señalarle a esta la necesidad de asimilar —en acuerdo con las posibilidades y características propias— los avances tecnológicos cosechados en el mundo.

La tecnología la han capitalizado particularmente los poderosos, pero es una conquista de la humanidad, en especial de los trabajadores que la producen. Y así como el consumismo es un triunfo de los poderosos, el consumo racional será una victoria de los trabajadores, quienes crean los bienes con que el género humano vive. Las desigualdades en la distribución no han de invitar a los revolucionarios a luchar contra los bienes, sino en pos de la equidad en su disfrute.

Un país afanado en la construcción de un modelo social justo, con base en la equidad distributiva —no en las maquinaciones capitalistas—, no debe caer en las trampas de la sociedad de mercado. Pero la opción frente a ella no es desconocer a voluntad procedimientos y caminos de comercialización sin los cuales —al menos en las circunstancias de hoy y para las previsibles en lo inmediato— resulta difícil no digamos ya lograr, sino imaginar un funcionamiento social sensato. Un desafío similar tuvo Cuba ante sí cuando se vio en la necesidad de despenalizar la tenencia y el uso de divisas.

Ante la imposibilidad objetiva, en determinadas circunstancias, de disfrutar ciertos bienes materiales, la salida más inteligente no será satanizar los bienes mismos —que son frutos del trabajo y la inteligencia humanos— y perpetuar como buena la resignada aceptación de no tenerlos. Que, por ejemplo, en una etapa dada Cuba no pueda permitirse la extensión de internet a nivel individual, no debe llevarnos a suponer que esa aspiración merece cortarse como un alambre que, como si fueran a beneficiarse de él los opresores, merezca dejarse retorcido sobre el suelo, como una culebra.

En un congreso internacional celebrado en La Habana, una colega con buenas intenciones quiso desmentir las calumnias lanzadas contra Cuba por quienes dolosamente califican de estrategia política lo que es insolvencia económica para propiciar, en lo inmediato y masivo, el disfrute hogareño del servicio de Internet (a gran escala, porque de distintos modos no pocas personas del país lo tienen ya en sus casas, como otros recursos de acceso restringido). Para desmentir las aviesas calumnias, la colega dio por buena, o como única opción válida, si no eternizable, la utilización social de ese logro: en centros de trabajo e instituciones determinadas.

Otras voces también salieron en defensa de la patria, y argumentadamente refutaron el reduccionismo infuso en tal tesitura. Pero no hay por qué suponer que esta fuese un hecho aislado. En torno a la tecnología parece “natural” que haya deslumbrados y escépticos, quienes son maniáticos de ella y quienes la satanizan. En su momento no faltó quien asociara al video —envejecido ahora, en pocos años, ante el surgimiento de otras formas de reproducción de imágenes cinematográficas, como el DVD— con la difusión de contenidos perversos: engendros políticos y malignidades pornográficas. Los medios no son sino eso, medios, y sus efectos dependen del uso que se haga de ellos. Tampoco descontemos la herencia del espíritu inquisitorial: yo puedo tenerlos, porque sé usarlos para el bien; los demás, no. Alguien que merece crédito me contó sobre lo ocurrido hace unos cuantos años en su centro de trabajo, al analizarse actitudes consideradas indeseables y que se habían detectado entre algunos de sus integrantes. Quien dirigía las valoraciones empleó términos que también merecerían tomarse como preocupantes: en sí mismos y por venir de un portador de incuestionables méritos. Según el testimonio aludido, esto dijo como señal de las debilidades apreciadas en miembros de aquel colectivo: “Quieren tener computadoras en sus casas.”

La expresión podría tomarse como un despropósito más. Pero no es seguro que sea del todo ajena a ciertas inercias mentales nada recomendables. No lo serían en general, ni mucho menos para una nación a la cual su máximo guía le trazó, poco después del triunfo revolucionario, entre otros deberes dignos, el de ser un país de hombres y mujeres de ciencia. Esa es una aspiración ubicada en el camino abierto o desbrazado por quienes desde mucho antes del 1 de Enero de 1959, a menudo sin apoyo oficial alguno y en medio de arduas dificultades, le aportaron a la patria una base de pensamiento y de hechos científicos que figuran entre sus motivos de orgullo.

Cuando por falta de recursos para adquirirlos, o de generación de energía para asimilarlos y ponerlos en funcionamiento, no podamos disfrutar de algunos adelantos tecnológicos logrados por la humanidad —incluso por nuestro país—, puede ser un deber patriótico entender la necesidad de renunciar a ellos temporalmente, y explicar las razones de la renuncia. Pero harto diferente sería tender a eternizar, como buena, la carencia. En cuanto cesen los motivos del impedimento, debe darse camino a la liberalización, sin esperas que propicien crisis innecesarias.

Quizás ninguna energía le sea más necesaria a un pueblo que la vigilia para impedir el triunfo de medidas burocráticas sobre la creatividad y el sentido de soltura indispensables, máxime en una sociedad que se empeña en perfeccionar un modelo verdaderamente democrático: que sirve al pueblo. No son el imperio y sus cómplices quienes tienen derecho a reclamarle a Cuba el logro de alternativas cada vez más democráticas. Ellos, que están comprometidos con delitos de lesa humanidad, encarnan un sistema social cuyos beneficiarios, cualesquiera que sean sus maniobras publicitarias para autolegitimarse, son los poderosos; y eso no es democracia.

No es seguro que el imperio confíe en que su agresividad derroque a la Revolución cubana. Pero menos seguro es que descarte que los ineludibles mecanismos defensivos abrazados por ella generen resignaciones e inercias nocivas, contrarias al clima de soltura y de bienestar material y espiritual que necesita y merece un pueblo capaz de mantenerse firme frente a las maniobras de sus terribles enemigos, y vencerlas.

Ha hecho bien el gobierno cubano en no demorar más la supresión de restricciones que impedían o dificultaban a los ciudadanos del país adquirir bienes como computadoras, teléfonos celulares, equipos de reproducción de imágenes y otros. Algunos más se sumarán seguramente a esa ganancia revolucionaria, en la que se ubica el derecho a disfrutar, como huéspedes, hoteles que deben seguir sirviendo para recaudar divisas que benefician al propio pueblo. No menos indispensable resulta eliminar otras limitaciones, como las que dificulten a cubanas y cubanos viajar por el mundo. En ningún país puede viajar quien no tenga dinero para costeárselo. Pero privemos a nuestros enemigos del argumento de que Cuba limita la salida de sus ciudadanos. Salvo restricciones particulares que por motivo de seguridad, requerimientos laborales o medidas punitivas pueden darse en cualquier parte del mundo, dejemos que carguen con el expediente de la prohibición aquellos gobiernos que ahora niegan sus visas a cubanos y cubanas y luego consienten o apoyan cualquier propaganda que presente a Cuba como el país prohibidor. Con su inmoral Ley de Ajuste Cubano, los Estados Unidos son el más craso ejemplo de ello, pero no el único que podría citarse.

A Cuba le urge tomar medidas internas para resolver necesidades básicas de la población, y para no verse obligada a importar productos que en ella pudieran cosecharse, ni a mantener una dualidad monetaria que acaso no genere menos problemas indeseables que soluciones necesarias. Pero, por sí sola, la implantación exitosa de esas medidas en el terreno productivo no garantizaría el logro pleno de un funcionamiento social sin trabas ni demoras burocráticas dañinas. Nada debemos hacer para complacer a nuestros enemigos. Ellos no quieren que perfeccionemos nuestro sistema social, sino que torzamos el rumbo y nos sometamos a los designios imperialistas. Pero por no parecer que cedemos ante ellos tampoco debemos dejar de hacer lo debido. Que Cuba sea una anomalía sistémica en un mundo dominado por la globalización imperialista es motivo de honor, y una victoria; que viviera innecesariamente privada de la normalidad a que debe aspirar en su funcionamiento interno, sería una conquista de las fuerzas que intentan destruirnos, o que nos enquistemos, lo cual sería una segura forma de parálisis, o de autodestrucción.

Que no logremos lo que resulte materialmente imposible alcanzar por los obstáculos que se nos imponen desde fuera —el bloqueo estadounidense no es una ficción fabricada por Cuba— el pueblo lo comprenderá o, en último caso, no sería una falta que pueda atribuirse a inercia o a carencia de voluntad de nuestra parte. Que por fallas nuestras nos atascásemos en el burocratismo y en la falta de creatividad y soltura, sería un costoso descrédito para los afanes de construir una sociedad más justa.

No le regalemos al enemigo ni siquiera un pretexto, y, si él los inventa, que sea sin ayuda nuestra. Que mientras arrecia el criminal bloqueo contra Cuba un presidente monstruoso se permita la desfachatez de establecer un supuesto día de solidaridad con el pueblo cubano y ofrecerle telefonitos, es una evidencia más de la aberrada y corrupta estructura moral y política de ese presidente, de su sistema y de sus cómplices.

No tenemos que renunciar a las conquistas de la tecnología, ni a la organización económica que —salario y precios por medio— también sea indispensable para crecer en bienestar y en independencia. Si alguna demora nuestra les ha servido o sirviera de asidero a nuestros enemigos, válganos de enseñanza. El pueblo que ha resistido los embates del enemigo, y se sobrepone a las deficiencias propias, merece ser, además del destinatario de los mejores frutos logrados en todos los órdenes, el núcleo orientador de las aspiraciones trazadas, y de los mecanismos para conseguirlas. Ese pueblo es acreedor de gloria y disfrutes, y debe sacrificarse para alcanzarlos, en la misma medida en que no será comprado con telefonitos ni con dádivas imperiales de ningún tipo.

domingo, 15 de junio de 2008

Crisis financiera: ¿Hacia un "socialismo" para ricos? un artículo de Joseph Halevi


"Los institutos financieros saben que pueden hacer lo que les venga en gana y que, llegado el caso, recibirán dineros públicos. Pero nadie salvará a los asalariados de verse en la calle. Se trata de un cambio fundamental en el funcionamiento del sistema capitalista: el problema de la estabilidad no se vincula ya a la producción y -aun en relajada medida- a la ocupación laboral, sino solo a la libertad de las sociedad financieras para conseguir beneficios a riesgo nuestro".


sinpermiso.info/ inSurGente.- El pasado marzo -2008-, las ventas en EEUU de las empresas automovilísticas Ford, General Motors y Toyota cayeron, respectivamente, un 14%, un 13% y un 10%. Las negativas expectativas se reflejan en las fluctuaciones a la baja de los precios del crudo y del oro. Datos negativos vienen también de los mercados financieros, y, por lo demás, harto graves.

La transnacional bancaria suiza UBS ha hecho oficiales pérdidas de capital del orden de los 18.000 millones de dólares (11.400 millones de euros), doblando así las contabilizadas hasta ahora. Las nuevas pérdidas traen su origen en la crisis de las "hipotecas subprime", como ya sucediera con la Deutsche Bank, que anuncia "desvalorizaciones cercanas a los 2.500 millones de euros vinculadas a inversiones en el mercado inmobiliario comercial y en las titularizaciones hipotecarias".

En ese contexto, la noticia del minúsculo incremento -del 48,3 al 48,6- en el índice ISM (producción industrial) de Chicago no puede justificar tanta euforia. Hay que añadir, además, el dato de que el mes de marzo ha visto el desplome de varios fondos Hedge, con el peor registro desde 1998, cuando se deshizo el fondo Long Term Capital Management.

La recuperación de los mercados financieros ha de imputarse, así pues, por completo al papel del Estado y de los poderes públicos, los cuales están dando luz verde institucionalizada al "azar moral". La tendencia se veía venir desde la aparición de la crisis de las hipotecas subprime, pero ahora está en curso de ser institucionalizada. Las sociedades financieras cuentan con la posibilidad de que el grueso de las pérdidas haya salido ya a la luz, razón también por la cual el anuncio del nuevo agujero de la UBS se interpreta como indicio de transparencia.

Con todo, la verdadera esperanza de esas sociedades radica en las decisiones públicas de financiar las pérdidas privadas. En ese sentido tuvo lugar el viernes pasado en Roma una reunión de gran importancia presidida por Mario Draghi.

Se trata del Financial Stability Forum, un organismo concebido para la coordinación de las medidas tomadas por los gobiernos frente a la volatilidad global de los mercados. Sobre el tapete andaban medidas tan radicales como la suspensión de los requisitos de cuotas de capital previstos por los acuerdos de Basilea 2, la recapitalización de los bancos privados con los dineros de los contribuyentes -es decir, del Estado- o la compra de unas totalmente desvalorizadas obligaciones de deuda colateralizada.

Las autoridades -anuncia el Financial Times- podrían organizar consorcios de inversión privada para comprar las actividades de los bancos en hipotecas inmobiliarias, posiblemente a través de una co-inversión estatal; o bien mediante adquisición directa por parte de los gobiernos. Una operación que monta tanto como la "descarga" del riesgo sobre los Estados, mientras los privados pueden seguir "arriesgando" impunemente (mientras sus pérdidas puedan seguir cubriéndose con dineros públicos).

Es lo que hace unos cuantos días el mismo Sole24Ore -el diario de la organización de la patronal italiana Confindustria- calificaba como "socialismo de ricos, y ya no capitalismo".

Los institutos financieros saben que pueden hacer lo que les venga en gana y que, llegado el caso, recibirán dineros públicos. Pero nadie salvará a los asalariados de verse en la calle. Se trata de un cambio fundamental en el funcionamiento del sistema capitalista: el problema de la estabilidad no se vincula ya a la producción y -aun en relajada medida- a la ocupación laboral, sino solo a la libertad de las sociedad financieras para conseguir beneficios a riesgo nuestro.


Autor: Joseph Halevi
Profesor de Economía Política en la Universidad de Sydney y asociado al Institut de Recherches Economiques sur la Production et le Développement (IREPD) de la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble, Francia. Escribe regularmente en el periódico Il Manifesto de Roma.

Publicado en www.sinpermiso.info; traducción al castellano de Leonor Març.

jueves, 12 de junio de 2008

EL CAPITALISMO, ESTÚPIDOS

Julio Anguita González
Mundo Obrero



Los bancos y las cajas piden al Gobierno que use el Fondo de Reserva de las pensiones contra la crisis crediticia. Los jefes de gobierno de la UE han pedido recientemente y de manera unánime que las demandas salariales se atemperen a fin de combatir la inflación. Desde todos los foros y ámbitos de análisis económico se viene advirtiendo que esta crisis es de una extraordinaria dimensión y tendrá consecuencias muy negativas, especialmente en España.

Por lo pronto algunas cajas de ahorros comienzan a sentir el dogal de la falta de liquidez, producto de sus alegrías inversionistas en el ladrillo y la subsiguiente especulación urbanística. En Diciembre del año pasado Javier Gómez- Navarro antiguo Ministro de Felipe González y actual Presiente de las Cámaras de Comercio de España declaraba sin ambages que los recursos del Estado deberían provenir en su mayoría de los impuestos indirectos (fundamentalmente el IVA) porque los pudientes tenían mecanismos de sobra para burlar a la Hacienda española en lo concerniente a sus rentas de capital.

Los impuestos sobre Patrimonio, Transmisiones y Beneficios empresariales comienzan a ser eliminados del horizonte impositivo español alegando que esas medidas promoverán la inversión y la "consecuente creación de empleo". El Gasto fiscal representado en deducciones, exenciones y bonificaciones al capital no sólo se mantiene sino que aumenta "a fin de que se creen riqueza y puestos de trabajo". El crecimiento económico medido a través del PIB (siglas mágicas para los gurús de la economía capitalista) sigue en un constante declinar previsión tras previsión. La precariedad avanza, el paro aumenta, las hipotecas siguen ahorcando a las economías familiares y los mileuristas son ya considerados unos privilegiados por colectivos cada vez más numerosos; es el cuento del hombre pobre que comía altramuces. 

Las mujeres, en situación de paridad en los Consejos de Ministros y otras administraciones no perciben en infinidad de casos el mismo salario que los hombres en condiciones laborales semejantes. Sobre los inmigrantes sin papeles se ha decretado desde toda la UE la caza, captura y deportación consecuente tras internamientos o confinamientos ante el silencio total de la inmensa mayoría.

La crisis es triple: económico-financiera, energética y alimentaria. El monto monetario global multiplica por cinco el valor de los bienes que se supone debe representar. La inflación en estos y en los demás pagos tiene como componente fundamental el auge desmesurado de los beneficios empresariales y no los incrementos salariales. Sentencias de tribunales ya dan por buena y aplicable la directiva Bolkenstein. Y así casi hasta el infinito.

Las explicaciones que se están dando abundan en la idea de que el aumento del nivel de consumo de China e India está produciendo el desfase energético y alimentario. Ese argumento expresa, por otra parte, que el concepto de calidad de vida instalado por el capitalismo es incompatible con los Derechos Humanos aplicados a los 6.300 millones de habitantes del planeta Tierra. El propio concepto del PIB como medidor universal de lo que llamamos crecimiento sostenido comienza a ser cuestionado y en algunos trabajos de prospectiva se plantea ya el concepto de Decrecimiento aplicado a determinadas variables en la producción de bienes y servicios.

Ante este panorama la izquierda no puede realizar sus análisis en función de los espacios electorales y sus techos máximos. El lenguaje edulcorado que obvia una realidad en la que la radicalización del conflicto Capital- Trabajo viene expresada por la realidad insoslayable y también por las descarnadas declaraciones y propuestas de los administradores gubernativos de la Globalización.

Ante la Asamblea Federal de IU estas son las cuestiones que deben centrar el debate y la voluntad de organizar la respuesta. No hagamos más brindis al sol; el Capitalismo, estúpidos.

ANTE LA CRISIS CAPITALISTA, UNIDAD DE LOS SECTORES POPULARES

 
La crisis capitalista está llevando a la ruina a importantes sectores populares. Será la clase obrera quien, en primer lugar, soporte las consecuencias de la crisis. La tasa de explotación se incrementa día a día: se extiende la precariedad, aumenta el desempleo y la siniestralidad laboral, se alarga la jornada laboral, se realizan horas extras que no se pagan y continúa imparable la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios. Todo ello acompañado de un endeudamiento insoportable para las familias trabajadoras, atadas de pies y manos por préstamos e hipotecas que incrementan el beneficio del capital financiero, expresión más parasitaria del capitalismo.
 
La pequeña burguesía y sectores de la burguesía no monopolista comienzan también a pagar las consecuencias de la crisis económica. El incremento de los costes de producción, consecuencia directa de la anarquía y del expolio constante de los recursos naturales que caracterizan al sistema imperialista mundial, conduce directamente a la sobreexplotación de la clase obrera y a la ruina y proletarización de las denominadas capas medias, incapaces de competir con los monopolios. Toda crisis capitalista es acompañada inexorablemente del consiguiente proceso de centralización de la producción y de concentración de la propiedad en manos de los monopolios.
 
Las movilizaciones del sector pesquero y del transporte son consecuencia directa de la crisis y de las dimensiones que puede adquirir el conflicto social ante la creciente desesperación de importantes sectores populares. Ante las movilizaciones del sector del transporte queremos manifestar los siguientes aspectos:
 
 
- Nuestra más contundente crítica a los sectores dominantes del sector, a los grandes propietarios y a sus organizaciones, que como auténticos tiburones buscan seguir incrementando sus beneficios y aumentando su cuota de mercado llevando a la ruina a los pequeños transportistas y explotando hasta la extenuación a los trabajadores y trabajadoras del sector. Exigimos el abono de los salarios a los trabajadores y trabajadoras que se han visto forzados, directa o indirectamente, a no desarrollar su trabajo por voluntad exclusiva de los patrones.
 
- Nuestro respaldo a las reivindicaciones y a toda movilización a los trabajadores y trabajadoras del transporte enfrentados a su propia patronal, que les obliga a realizar jornadas extenuantes a camino de salarios de miseria. Y de los trabajadores autónomos, a los subcontratados, a quienes los monopolios repercuten los crecientes costes de producción, les imponen las tarifas, y les obligan a pasar la vida en la carretera para no llegar siquiera a fin de mes.
 
- Nuestro respaldo a los trabajadores de la mar, a los pescadores y pescadoras, que ven cómo sus penosas condiciones laborales se suma un asfixiante incremento de los precios del combustible que llevará al desempleo a importantes sectores mientras el Gobierno es incapaz de frenar las constantes importaciones al ser parte implicada en el reparto de caladeros y de cuotas de producción y mercado entre las potencias imperialistas del la UE.
 
 
 
 
Fruto del imparable proceso de concentración capitalista, la estrategia de las grandes empresas del transporte pasa tanto por el aumento de la explotación de sus trabajadores y trabajadoras como por la eliminación de todos sus competidores más débiles. En un momento de crisis estructural del transporte por carretera, este proceso de concentración, igual que el de explotación, se agudiza y expresa con claridad la contradicción de clases existente en la sociedad capitalista. La gran burguesía frente a la clase obrera y los sectores populares de la pequeña burguesía (campesinado, pequeños armadores, transportista autónomos con unos pocos empleados, pequeños comerciantes, taxistas…). La ofensiva capitalista, pretendiendo que la crisis que exclusivamente han generado ellos la paguemos la clase trabajadora y los sectores populares se desarrolla contra todos y en todos los frentes: directiva de las 65 horas semanales, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, horas extras que no se pagan, incumplimiento de convenios colectivos, ETTs, monopolios, beneficios fiscales para las grandes empresas…
 
Ante esta situación el PCPE hace un doble llamamiento a la clase obrera y a todos estos sectores populares objetivamente afectados por el desarrollo capitalista a que unan sus fuerzas en la lucha contra el sistema capitalista. Corresponde, como clase socialmente emergente, a la clase obrera y a sus organizaciones políticas y sindicales ofrecer un marco de colaboración a estos sectores de la pequeña burguesía condenados a proletarizarse. Ellos, esa pequeña burguesía en decadencia económica y social, deben aceptar ese ofrecimiento y, asumiendo, su destino social iniciar, unidos con la clase trabajadora, una lucha consecuente por sus derechos como trabajadores y contra los monopolios y las grandes empresas del sector del transporte. La mayoría de estos llamados autónomos son trabajadores obligados por las empresas para las que trabajan a convertirse en falsos empresarios. Su lucha está en dignificarse como trabajadores/as y no en pretender alargar su inevitable agonía económica y social. 
 
Denunciamos al gobierno del PSOE como gestor y representante de los intereses de las grandes empresas y la oligarquía. El acuerdo alcanzado con la patronal de los grandes empresarios del transporte por carretera, así como su apuesta por continuar desmantelando el transporte ferroviario de mercancías, lo sitúan en línea con lo que representa la Unión Europea y el Tratado de Lisboa, como un enemigo de la clase obrera y los sectores populares.
 
Ante los primeros conatos de conflicto social, el gobierno de la socialdemocracia y el resto de fuerzas políticas parlamentarias han enseñado ya su verdadero rostro de gestores eficaces de la crisis capitalista. Para ello, tras votar unánimemente (Izquierda Unida incluida) en el parlamento la posición presentada por el PP, han puesto en marcha una agresiva estrategia basada en:
 
 1 - Negociar con la fracción monopolista de los sectores implicados en el conflicto, en contra de los sectores autónomos y no monopolistas.
 
2 - Poner en macha una estrategia mediática dirigida a criminalizar todo tipo de movilización popular, tratando de aprovechar cierres patronales para situar en el punto de mira su verdadero objetivo: atacar el derecho a la huelga y legitimar la brutal acción represiva de las fuerzas de represión.
 
El Ministro Rubalcaba lo ha dejado claro: 25.000 efectivos policiales a la calle para luchar contra los piquetes, que según sus propias palabras, “son ilegales”. El Gobierno de la socialdemocracia, pone en marcha el aparato represivo y la campaña mediática que legitima su actuación, con un claro propósito: neutralizar la respuesta de la clase obrera ante las medidas reaccionarias que se preparan en el marco de la UE y del Tratado de Lisboa de la mano de la llamada “flexiseguridad”. La aprobación de la directiva que establece la jornada laboral de 65 horas es la mejor muestra del futuro que el imperialismo depara para los trabajadores y trabajadoras en el marco de la esclavitud asalariada.
 
Llamamos a las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera a tomar la iniciativa para unir todas las luchas que se vienen dando en un marco político superior que, en la perspectiva del Socialismo, enfrente en lo concreto las políticas lesivas para nuestros intereses y los de los sectores populares. Contra la privatización y por el control público de la gestión de los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad…) y los sectores estratégicos de la economía (energía, telecomunicaciones, banca, seguros, transporte pasajeros, ferrocarril…); por la consolidación y la recuperación de derechos, no a la Unión Europea y al Tratado de Lisboa; por la soberanía monetaria, rechacemos el Euro y el Banco Central Europeo; por un transporte sostenible exigimos un plan estratégico de desarrollo del ferrocarril para personas y mercancías y nos oponemos al desarrollo de más infraestructuras inviables social y económicamente (AVE y autopistas).
 
Sólo cabe una respuesta a la crisis capitalista y a la ofensiva contra la clase obrera que la UE prepara para descargar sobre las capas trabajadoras y populares sus efectos:
 
l Combate frontal contra el incremento de la carestía de la vida.
 
l Frenar la escalada de represión y el recorte de libertades y derechos.
 
l Reactivar el sindicalismo de clase, desde la base, desde las asambleas de trabajadoras y trabajadores.
 
l Unir a todas las fuerzas obreras y populares contra la crisis.
 
l Preparar las condiciones para la convocatoria de una huelga general en defensa de los intereses de la clase obrera y del pueblo frente a la crisis del capitalismo monopolista y la Unión Europea, verdadero Estado Mayor de los monopolios.
 
LA CRISIS CAPITALISTA QUE LA PAGUEN LOS RICOS

ORGANITZA'T I LLUITA
Partit Comunista dels Pobles d'Espanya 
www.pcpe.es
pcpealacant@yahoo.es
 

miércoles, 11 de junio de 2008

El Petróleo y la Huelga de Transportes




Las Federaciones de Empresas de Transporte están planteando huelga del sector a partir del próximo día 8 de junio ante la subida del combustible. En rigor se trata de un cierre patronal y el matiz no es baladí, toda vez que ello supone el abono de los salarios a sus empleados. Tal como está la situación, desde CC.OO. los entendemos.

Los armadores se manifiestan por la subida del gasoil que les dificulta salir a faenar, mientras las lubinas y doradas –de piscifactorías— mantienen precios bajos en los supermercados. La movilización no la inician sólo nuestros pescadores de Santa Pola o la Vila, también se realiza en Italia, Portugal, Reino Unido, Francia… Por cierto, en España el gasoil no lo paga el armador, lo pagan los pescadores al descontarse todos los gastos del barco, incluido el hielo y las cuotas de la seguridad social, antes de realizar la liquidación de salarios. Desde CC.OO. también los entendemos.

Cerca del pueblo natal del Ministro Solbes, en Novelda, la ciudadanía, junto a los sindicatos, se manifestó el sábado 31 de mayo, en apoyo del mantenimiento de los puestos de trabajo del mármol ante el expediente de Regulación de Empleo que amenaza el sector. Hace un tiempo nos manifestábamos en Elche y Elda reclamando ayudas para el sector del calzado. No solamente les apoyamos, considero que va siendo hora de extender la movilización a todos los sectores.

El vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía Pedro Solbes ha manifestado que España está lejísimos de una recesión y a lo que estamos atravesando no se le puede llamar crisis. Es evidente que el Sr. Solves y los trabajadores compramos en distintas tiendas (y tenemos otras hipotecas) y que el castellano es tan amplio como pequeñas las miras de nuestros dirigentes, que no ven más allá de las próximas elecciones, de sus próximos intereses, o de sus propias narices. Al Ministro ni le entendemos ni le apoyamos.

Nos quieren hacer creer que la crisis es subjetiva, y que en todo caso es una cuestión de ciclos, que pronto se pasará, sobre todo si no hablamos de ella, o mejor, si no pensamos en ella.

Pero ésta no es una crisis que nos haya trasladado el sector financiero de Estados Unidos. La actual situación mundial no es responsabilidad de los Indios o los Chinos y su consumo energético, es fruto de cenit del petróleo, es decir, hemos consumido la mitad, a partir de aquí, la producción disminuye.

Las compañías petroleras cada vez tienen más dificultades en recuperar las inversiones en investigación y prospección de nuevos yacimientos, porque no los encuentran, o son pequeños o técnicamente imposibles de explotar.

Recientemente, el profesor Fernando Ballenilla, miembro fundador de AEREN (Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos) nos exponía que parece que hemos llegado a la cota máxima de consumo de petróleo —unos 85 millones de barriles día—, a partir de este momento, o somos capaces de realizar un decrecimiento sostenible del consumo de energía fósil o la que se avecina no será una crisis coyuntural; puede ser el fin del actual modo de vida. De ahí que Comisiones Obreras entendamos la movilización de armadores de pesca y empresarios del transporte y no entendamos al Gobierno.

Si la política no fuera cortoplazista, el Gobierno debería penalizar el consumo individual y subvencionar el uso colectivo ya que, cuando algo es escaso y se acaba, debe ser patrimonio colectivo y no de aquellos que puedan pagarlo. Subvencionar el gasoleo a las empresas de transportes de mercancías y a las de viajeros tendría que evitar que al final se terminara por repercutir los costes en el ciudadano.

Ahora bien, si el Gobierno optase por socializar la energía, penalizando al usuario individual, debería de intervenir también en otras materias de la economía: marcar precios máximos, eliminar intermediarios, potenciar lo público, hacer políticas sostenibles...

Mientras los trabajadores no asumamos que estamos ante una situación límite, donde la crisis que han provocado los ricos la deben de pagar ellos, y no seamos capaces de exigir a los gobiernos políticas de futuro, es lógico que los empresarios (los mismos que en tiempo de bonanza, al grito de ¡viva el mercado!, acumulan pingües beneficios), le pidan al Gobierno ayudas para seguir manteniendo su margen de beneficio, con la amenaza y chantaje del masivo despido de trabajadores. Hoy no valen parches de subvenciones. Necesitamos otra clase de política.

Vicente Alcaraz Mira
Secretario General CC.OO.
Comunicación y Transportes Alicante

sábado, 7 de junio de 2008

De Pearl Harbor al 11-S



Provocaciones y pretextos para la guerra imperialista


Traducido del inglés para Rebelión por S. Seguí


En una democracia imperialista, la guerra no puede declararse con un simple decreto presidencial; exige el consentimiento de unas masas fuertemente motivadas y dispuestas a aceptar los sacrificios humanos y materiales que conlleva. Los líderes imperialistas tienen que crear sentimientos de injusticia y moralidad visibles y de gran carga emocional a fin fomentar la cohesión nacional y superar la oposición natural a las muertes tempranas, la destrucción y la perturbación de la vida civil, así como la brutal militarización que acompaña a la sumisión al dominio absolutista por parte de los militares.

La exigencia de inventarse una causa es particularmente evidente en los países imperialistas, por cuanto su territorio nacional no está amenazado. No hay un ejército de ocupación a la vista que oprima a las masas del país en su vida cotidiana. El enemigo no perturba la vida normal de cada día, como lo haría el reclutamiento forzoso. ¿Quién estaría dispuesto, en tiempo de paz, a sacrificar sus derechos constitucionales y su participación en la sociedad civil hasta sujetarse a una ley marcial que impidiera el ejercicio de todas sus libertades civiles?

La tarea de los gobernantes imperiales consiste en inventarse un mundo en el que el enemigo que vayan a atacar –por ejemplo, una potencia emergente como Japón— sea presentado como un invasor; o cuando se trate de movimientos revolucionarios –los comunistas chinos o coreanos— en guerra civil contra un gobernante satélite del imperio como un movimiento de agresión; o bien como una conspiración terrorista vinculada a movimientos antiimperialistas o anticoloniales islámicos o laicos. Las democracias imperialistas del pasado no tenían necesidad de consultar a las masas o de ganarse su apoyo en sus guerras expansionistas; contaban con ejércitos voluntarios, mercenarios y súbditos coloniales dirigidos y mandados por oficiales coloniales. Sólo con la confluencia del imperialismo, de las políticas electorales y de la guerra total surgió la necesidad de conseguir además el consentimiento y el entusiasmo que permitan llevar a cabo el reclutamiento masivo y obligatorio.

Dado que todas las guerras imperiales de Estados Unidos se han librado en ultramar, – lejos de cualquier amenaza de ataque o invasión— los gobernantes estadounidenses se hallan ante la particular tarea de conseguir un casus belli inmediato, espectacular e hipócritamente defensivo.

Con este objetivo, los presidentes de EE UU han creado circunstancias, inventado incidentes y actuado en complicidad con sus enemigos, a fin de excitar el belicoso temperamento de las masas en favor de la guerra.

El pretexto para las guerras son actos de provocación que ponen en marcha una serie de contramedidas por parte del enemigo, que luego se utilizan para justificar una movilización militar masiva por parte del imperio y legitimar así la guerra.

Las provocaciones maquinadas por los Estados requieren la complicidad uniforme de los medios de comunicación de masas en el periodo previo a la guerra abierta, es decir requieren que se presente a la potencia imperial como víctima de su propia y confiada inocencia y sus buenas intenciones. Las cuatro guerras imperiales principales libradas por Estados Unidos en los últimos 67 años recurrieron a provocaciones, pretextos e intensa propaganda por parte de los medios de comunicación de masas con el fin de movilizar a éstas en favor de la guerra. Un ejército de académicos, periodistas y expertos de los medios de comunicación reblandecen al público en preparación para la guerra por medio de escritos y comentarios demonizantes. Todos y cada uno de los aspectos de los objetivos militares se presentan como el mal total –y por ende, totalitario–, en el que hasta la más benigna política está vinculada a unos fines demoníacos del Estado en cuestión.

Dado que el enemigo en ciernes no tiene ningún lado bueno y, peor aún, dado que el Estado totalitario controla todo y a todos, no es posible ningún proceso de reforma interna o de cambio. De ahí que la derrota del mal total sólo pueda alcanzarse mediante la guerra total. El Estado y el pueblo convertidos en objetivos deben ser destruidos a fin de ser redimidos. En pocas palabras, es preciso disciplinar la democracia imperial y convertirla en un monstruo militar basado en la complicidad de las masas con sus crímenes de guerra imperial. La guerra contra eltotalitarismo se convierte en el vehículo de control estatal total necesario para la guerra imperial.

En las guerras contra Japón, Corea, Vietnam y la guerra post 11 de septiembre contra un régimen nacionalista, laico e independiente de Iraq y la república islámica de Afganistán, el gobierno estadounidense, con el apoyo uniforme de los medios de comunicación y el Congreso, provocó una respuesta hostil por parte de sus objetivos y maquinó un pretexto en el que se basó la movilización masiva para unas guerras sangrientas y prolongadas.


Provocación y pretexto en la guerra contra Japón.

El presidente Franklin Delano Roosevelt (FDR) puso muy alto el listón en materia de provocación y creación de pretextos capaces de socavar el sentimiento mayoritariamente contrario a la guerra, y de unificar y movilizar el país para el conflicto. Robert Stinnett, en su brillante y documentado estudio Day of Deceit: The Truth About FDR and Pearl Harbor (El día del engaño. La verdad sobre FDR y Pearl Harbor) demuestra que Roosevelt provocó la guerra con Japón al seguir metódica y deliberadamente un programa de ocho pasos de hostigamiento y bloqueo contra Japón desarrollado por el comandante Arthur H. McCollum, director del Departamento de Extremo Oriente de la Oficina de Inteligencia de la Marina de Estados Unidos. En el estudio se presenta una documentación sistemática de los telegramas estadounidenses en los que se informaba del seguimiento de la armada japonesa hacia Pearl Harbor, que demuestran claramente que Roosevelt supo de antemano del ataque japonés a la citada base, al haber seguido cada paso de la flota japonesa a lo largo de su recorrido.

Peor aún, Stinnett revela que al almirante H.E. Kimmel, encargado de la defensa de Pearl Harbor, se le negó el acceso a los decisivos informes del espionaje estadounidenses relativos a los movimientos de aproximación de la flota japonesa, con lo que le impidió la defensa de la base. El ataque furtivo de los japoneses, que produjo la muerte de más de 3.000 militares estadounidenses y la destrucción de un gran número de buques y aviones, provocó con éxito la guerra que FDRoosevelt había deseado. En la etapa anterior al ataque, el presidente Roosevelt había ordenado la ejecución del memorando de octubre de 1940 elaborado por los servicios de inteligencia de la Marina y cuyo autor fue el citado McCollum, con las ocho medidas concretas equivalentes a acciones de guerra, entre otras el bloqueo económico de Japón, el suministro de armas a los enemigos de Japón, impedir a Tokio el acceso a determinadas materias primas de valor estratégico para su economía, y la denegación de acceso portuario, con todo lo cual se provocaba la confrontación militar. Para superar el rechazo generalizado a la guerra, Roosevelt necesitaba que Japón cometiese una acción espectacular, destructiva e inmoral contra una base militar estadounidenses claramentedefensiva que convirtiese a la pacifista opinión pública norteamericana en una máquina de guerra cohesionada, indignada y biempensante. De ahí la decisión presidencial de rebajar la defensa de Pearl Harbor al negar al almirante Kimmel, datos básicos sobre el previsto ataque del 7 de diciembre de 1941. El precio pagado por EE UU fue de 2.923 muertos y 879 heridos, y una acusación y juicio contra el almirante Kimmel por negligencia. A cambio, Roosevelt consiguió su guerra. El exitoso resultado de la estrategia de Roosevelt condujo a medio siglo de supremacía imperial en la región de Asia y el Pacífico. Sin embargo, un resultado no previsto fue la derrota de las tropas imperiales japonesas y estadounidenses en China continental y en Corea del Norte por los victoriosos ejércitos comunistas de liberación nacional.


Provocación y pretexto en la guerra contra Corea

La incompleta conquista de Asia, tras la derrota del imperialismo japonés a manos de Estados Unidos, y en particular los levantamientos revolucionarios en China, Corea e Indochina, plantearon un desafío estratégico a los constructores del imperio estadounidense. La masiva ayuda financiera y militar que facilitaron a sus satélites chinos no pudo impedir la victoria del Ejército Rojo antiimperialista. El presidente Harry Truman se halló ante un grave dilema: cómo consolidar la supremacía imperial estadounidense en el Pacífico en una era de crecientes levantamientos nacionalistas y comunistas, cuando una gran mayoría de los soldados y civiles estadounidenses, hartos de guerra, exigían la desmovilización y el regreso a la vida y la economía civil. Como Roosevelt en 1941, Truman tenía que provocar una confrontación tal que pudiese dramatizarse como un ataque ofensivo contra Estados Unidos –y sus aliados– y que pudiese servir como pretexto para vencer la generalizada resistencia a otra guerra imperial.

Truman y el mando militar del Pacífico, a cargo del general Douglas MacArthur, optaron por la península de Corea como escenario para la detonación de la guerra. Durante la guerra coreano-japonesa, las fuerzas guerrilleras comunistas habían liderado la guerra de liberación nacional contra el ejército japonés y sus colaboradores coreanos. Tras la derrota de Japón, la revuelta nacional se convirtió en lucha social revolucionaria contra las clases altas coreanas, colaboradoras de los ocupantes japoneses. Tal como señala Bruce Cumings en su clásica obraThe Origins of Korean War (Los orígenes de la guerra de Corea), la guerra civil precedió y definió el conflicto antes y después de la ocupación estadounidense y la división de Corea en un Norte y un Sur. Los avances políticos del movimiento nacional de masas, dirigido por los comunistas antiimperialistas junto al descrédito de los colaboradores coreanos de las fuerzas de ocupación, socavaron los esfuerzos de Truman por dividir arbitrariamente el país geográficamente. En plena guerra civil de clases, Truman y MacArthur crearon una provocación: intervinieron para establecer bases militares y un ejército de ocupación estadounidenses, y armaron a los anteriores colaboradores con la ocupación japonesa, de carácter antirrevolucionario. La presencia hostil de Estados Unidos en un mar de ejércitos antiimperialistas y movimientos sociales civiles condujo inevitablemente a la escalada del conflicto social, en el que los satélites coreanos de Estados Unidos llevaban las de perder. A medida que el Ejército Rojo avanzaba con rapidez desde sus bases en el Norte y unía sus fuerzas a los movimientos sociales revolucionarios del Sur se encontró con una feroz represión y matanzas de civiles, trabajadores y campesinos antiimperialistas a manos de los colaboradores de EE UU, de quien recibían el armamento. Ante la inminente derrota, Truman declaró que la guerra civil era realmente una invasión de los coreanos del Norte contra el territorio del Sur. Truman, como Roosevelt estaba dispuesto a sacrificar a las tropas estadounidenses colocándolas bajo el fuego directo de los ejércitos revolucionarios, a fin de militarizar y movilizar la opinión pública estadounidense en defensa de sus avanzadillas imperiales en la parte septentrional de la península de Corea.

En los preparativos de la invasión estadounidense de Corea, Truman, el Congreso y los medios de comunicación llevaron a cabo una campaña de propaganda y purga de las organizaciones pacifistas y antimilitaristas en toda la sociedad civil estadounidense. Decenas de miles de personas perdieron sus empleos, centenares fueron encarceladas y centenares de miles fueron puestos en listas negras. Los sindicatos y las organizaciones cívicas fueron copados por individuos favorables a la guerra y al imperio. La propaganda y las purgas facilitaron la propagación del peligro de una nueva guerra mundial, so pretexto de que la democracia estaba amenazada por el totalitarismo comunista en expansión. En realidad, la democracia había sido degradada en preparación de una guerra imperial destinada a sostener a un satélite y conseguir una cabeza de playa militar en el continente asiático.

La invasión estadounidense de Corea en sostén de su tiránico satélite fue presentada como una respuesta a la invasión de Corea del Nortecontra Corea del Sur, y a la amenaza a nuestros soldados defensores de la democracia. Las elevadas pérdidas sufridas por las tropas estadounidenses en retirada desmintieron las declaraciones del presidente Truman de que esa guerra imperial era sólo una operación policial. A finales del primer año de la guerra imperial, la opinión pública se volvió contra la guerra y pasó a considerar a Truman como un guerrerista mentiroso. En 1952, el electorado optó por el general Dwight Eisenhower y su promesa de terminar con la guerra, y en 1953 se logró un armisticio. El uso de una provocación militar por parte de Truman para detonar un conflicto con los ejércitos revolucionarios coreanos triunfantes y luego la manipulación del pretexto de un supuesto peligro para las fuerzas estadounidenses le permitió lanzar una guerra pero no conseguir una victoria completa: la guerra finalizó con una Corea dividida. Truman abandonó la presidencia en desgracia y descrédito, y en la opinión pública predominó el antibelicismo durante el siguiente decenio.


El pretexto del incidente del golfo de Tonkín y la guerra de Indochina

La invasión y la guerra de Estados Unidos contra Vietnam forman parte de un proceso prolongado que comenzó en 1954 y duró hasta la derrota final de 1975. De 1954 a 1960 Estados Unidos envió asesores militares para entrenar el ejército del corrupto, impopular y fracasado régimen colaboracionista del presidente Ngo Dinh Diem. Con la elección del presidente John F. Kennedy, Washington aumentó drásticamente el número de asesores militares, comandos –los llamados boinas verdes– y escuadrones de la muerte (Plan Phoenix). A pesar de la intensificación de la participación estadounidense y su papel preponderante en la dirección de las operaciones militares, el subalterno ejército survietnamita estaba perdiendo la guerra contra Fuerzas Armadas Populares de Liberación (Viet Cong) y el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur (FNL), que contaban con el apoyo claro de la abrumadora mayoría del pueblo vietnamita.

Tras el asesinato del presidente Kennedy, Lyndon Johnson asumió la presidencia y se halló ante el inminente colapso del régimen títere vietnamita y la derrota de su protegido, el ejército de Vietnam del Sur.

Estados Unidos perseguía dos objetivos estratégicos con la guerra de Vietnam. El primero estaba relacionado con el establecimiento de una serie de gobiernos satélites y bases militares en Corea, Japón, Filipinas, Taiwan, Indochina, Pakistán, Birmania septentrional (por mediación de los señores del opio, descendientes del Kuomingtang, y los secesionistas shan) y Tíbet, con el objetivo general de rodear a China, desarrollar operaciones de comandos en el interior de este país con ayuda de las fuerzas militares subordinadas, y bloquear el acceso de este país a sus mercados naturales. El segundo objetivo estratégico en la invasión y ocupación estadounidense de Vietnam era parte de su programa general de destrucción de los poderosos movimientos nacionales de liberación y antiimperialistas existentes en Asia del Suroeste, en particular en Indochina, Indonesia y Filipinas. El objetivo era la consolidación de regímenes clientelares que permitiesen establecer bases militares, desnacionalizasen y privatizasen sus materias primas y proporcionasen apoyo político y militar a la construcción del imperio estadounidense. La conquista de Indochina era parte esencial de dicha construcción imperial en Asia. Washington contaba con que al derrotar al país más potente del Sureste asiático y el movimiento antiimperialista más importante de la zona, los países vecinos, en particular Laos y Camboya, caerían fácilmente.

Washington tuvo que hacer frente a múltiples problemas. En primer lugar, debido al colapso del régimen y el ejército títeres survietnamitas Estados Unidos tuvo que proceder a una escalada masiva de su presencia militar, en la que sus propias fuerzas sustituyeron a las del régimen títere y extendieron e intensificaron sus bombardeos a Vietnam del Norte, Camboya y Laos. En pocas palabras, convirtió una guerra encubierta y limitada en una guerra masiva y de dominio público.

El segundo problema fue la reticencia de importantes sectores de la opinión pública estadounidense, en particular los estudiantes universitarios –y sus progenitores de clase media y clase trabajadora–, que se hallaban ante el reclutamiento obligatorio y que eran opuestos a la guerra. La escala y la amplitud de la participación militar prevista y considerada necesaria para vencer en la guerra imperial requería un pretexto, una justificación.

El pretexto debía ser concebido de modo que pudiese presentarse a los ejércitos invasores estadounidenses en situación de respuesta a un ataque inesperado de una potencia agresora (Vietnam del Norte). El presidente Johnson, el secretario de Defensa, el alto mando de la Marina y la Fuerza Aérea, el Consejo Nacional de Seguridad, todos actuaron de modo concertado. Lo que se conoció como el incidente del golfo de Tonkín partió de una información inventada sobre un par de supuestos ataques, los días 2 y 4 de agosto de 1964, frente a la costa de Vietnam del Norte por parte de las fuerzas navales de la República Democrática de Vietnam contra dos destructores estadounidenses: el USS Maddox y el USS Turner Joy. Utilizando como pretexto el relato inventado de dichos ataques, el Congreso estadounidense aprobó casi por unanimidad la Resolución del Golfo de Tonkín, de 7 de agosto de 1964, que puso en manos del presidente Johnson todos los poderes para desarrollar la invasión y ocupación de Vietnam, que en 1966 llegó a la cifra de 500.000 efectivos militares estadounidenses. La Resolución del Golfo de Tonkín autorizó al presidente Johnson a llevar a cabo operaciones militares en toda Asia suroriental sin necesidad de una declaración de guerra, a la vez que le proporcionaba la libertad de “tomar todas las medidas necesarias, incluso el uso de la fuerza armada, en apoyo de todo miembro o Estado incluido en el protocolo del Tratado de Defensa Colectiva de Asia del Sureste que pida asistencia en defensa de la libertad.”

El 5 de agosto de 1964, Lyndon Johnson se dirigió al país por radio y televisión, y anunció un bombardeo masivo de represalia sobre instalaciones navales norvietnamitas, operación bautizada como Pierce Arrow. En 2005, algunos documentos oficiales hechos públicos por el Pentágono, el Organismo de Seguridad Nacional (NSA) y otros departamentos gubernamentales revelaron que no hubo ataque vietnamita. Al contrario, según el Instituto Naval de Estados Unidos, en 1961 había comenzado ya un programa de ataques secretos a cargo de la CIA contra Vietnam del Norte, que fue retomado por el Pentágono en 1964. Estos ataques marítimos a la costa norvietnamita realizados por medio de patrulleras ultrarrápidas de fabricación noruega (adquiridas por EE UU para la marina títere survietnamita y bajo control directo de la marina estadounidense) fueron parte de la operación. El secretario de Defensa, Robert McNamara, reconoció ante el Congreso que buques de guerra estadounidenses participaron en ataques a la costa norvietnamita antes del llamado incidente del Golfo de Tonkín, desmontando las acusaciones del presidente Johnson de un ataque no provocado. La principal mentira, no obstante, fue la afirmación de que el USS Maddox respondió al ataque de una patrullera norvietnamita. Los buques vietnamitas, según informaciones posteriores de la NSA hechos públicos en 2005, ni siquiera llegaron a acercarse al Maddox y se hallaban a una distancia superior a los nueve kilómetros. El buque estadounidense realizó tres disparos de cañón y luego afirmó haber sufrido daños en su quilla por disparos de una ametralladora calibre 14.5 mm. El ataque del 4 de agosto nunca tuvo lugar. El capitán John Herrick, del USS Turner Joy, afirmó por cable que “muchos de los contactos y disparos de torpedos parecen dudosos… No ha habido contacto visual (de buques norvietnamitas) por el Maddox.”

Las consecuencias del montaje del incidente y la provocación del Golfo de Tonkín fueron la justificación de una escalada de guerra que costó la vida a cuatro millones de personas en Indochina, y que mutiló, desplazó e hirió a varios millones más, además de causar la muerte de 58.000 militares estadounidenses y heridas a medio millón más en un esfuerzo fallido de construcción militarista del imperio. En otros lugares de Asia, los constructores del imperio estadounidense consolidaron sus gobiernos títere: en Indonesia, que tenía uno de los mayores partidos comunistas legales del mundo, un golpe militar diseñado por la CIA, con la aprobación de Johnson, llevó al poder al general Suharto, quien asesinó a más de un millón de sindicalistas, campesinos, intelectuales progresistas, maestros y comunistas (junto a los miembros de sus familias).

Lo llamativo de la declaración de guerra de EE UU en Vietnam es que este país no respondió a las provocaciones de la Marina que sirvieron de pretexto para la guerra. Por consiguiente, Washington tuvo que inventarse una respuesta vietnamita para poder utilizarla como pretexto para la guerra.

La idea de inventarse falsas amenazas militares –como el incidente del golfo de Tonkín— y luego utilizarlas como pretexto para lanzar la guerra contra Vietnam se repitió en el caso de las invasiones de Iraq y Afganistán. De hecho, los creadores de las políticas del gobierno de Bush que lanzaron las dos citadas guerras, intentaron impedir la publicación de un informe realizado por el más alto comandante de la Marina, en el que refería cómo la NSA distorsionó los informes de inteligencia relativos al incidente de Tonkín a fin de cumplir el ardiente deseo del gobierno de Johnson de contar con un pretexto para la guerra.


El pretexto del 11 de septiembre y las invasiones de Iraq y Afganistán

En 2001, la gran mayoría del público estadounidense estaba preocupado por una serie de problemas internos: la recesión económica, la corrupción empresarial (Enron, WorldCom, etc.), el estallido de la burbuja punto com o cómo evitar un nuevo enfrentamiento militar en Oriente Próximo. No se percibía en Estados Unidos ningún interés en ir a la guerra por Israel, ni lanzar una nueva contra Iraq, especialmente después de la derrota y humillación de este país diez años antes, y de las brutales sanciones económicas que se le habían impuesto. Las compañías petroleras estadounidenses negociaban nuevos acuerdos con los países del Golfo y tenían en perspectiva, con algo de suerte, un Oriente Próximo estable y en paz con el único borrón de Israel y sus salvajes ataques contra los palestinos y sus amenazas a sus adversarios. En la elección presidencial del año 2000, George W. Bush fue elegido a pesar de haber perdido en la votación popular, en gran parte gracias a manejos electorales (con la complicidad del Tribunal Supremo) que impidieron el voto de parte de la población de raza negra en Florida. La belicosa retórica de Bush, y su énfasis en la seguridad nacional, tuvo ecos sobre todo en sus asesores sionistas y en el lobby pro israelí; el resto de estadounidenses hizo oídos sordos. Esta brecha entre los planes para Oriente Próximo de sus principales cargos sionistas en el Pentágono, la oficina del vicepresidente y el NSC, y las preocupaciones del pueblo estadounidense en general con sus problemas internos era llamativa. Ni los artículos de los periódicos sionistas, ni la retórica y la teatralidad anti árabe y anti musulmana proferida por Israel y sus portavoces en EE UU tenían repercusión sobre la opinión pública. En general, nadie creía en una amenaza inminente para la seguridad nacional por un ataque terrorista catastrófico, definido como un ataque con armas químicas, biológicas o nucleares. La opinión pública estadounidense estimaba que las guerras de Israel en Oriente Próximo y la exigencia por parte de sus voceros en Estados Unidos de una intervención no formaban parte de sus vidas ni de los intereses nacionales.

El principal desafío de los militaristas del gobierno de Bush era cómo hacer que la opinión pública estadounidense apoyase el nuevo programa bélico para Oriente Próximo a falta de cualquier tipo de amenaza visible, creíble e inmediata por parte de un país soberano de Oriente Próximo.

Los sionistas gozaban de posiciones privilegiadas en todos los puestos clave de gobierno como para lanzar una guerra ofensiva de alcance mundial. Tenían ideas claras sobre qué países atacar (los adversarios de Israel en Oriente Próximo), habían definido la ideología pertinente (guerra contra el terrorismodefensa preventiva), habían proyectado una secuencia bélica, y habían vinculado su estrategia bélica regional a una ofensiva militar global contra todo tipo de gobiernos, movimientos y líderes opuestos a la construcción imperial por los medios militares estadounidenses. Lo único que necesitaban era coordinar a la élite para facilitarle un incidente terrorista catastrófico que pudiera desencadenar la nueva guerra mundial que habían expuesto y defendido públicamente.

La clave del éxito de la operación consistía en incitar a los terroristas y en propiciar una negligencia calculada y sistemática, marginando deliberadamente a los agentes de los servicios secretos y los informes de organismos de inteligencia que identificaban a los terroristas, sus planes y sus métodos. En subsiguientes audiencias de investigación, era preciso fomentar la imagen de negligencia, ineptitud burocrática y fallos de seguridad a fin de cubrir la complicidad del gobierno en el éxito de los terroristas. Era absolutamente esencial contar con un elemento que permitiera movilizar un apoyo masivo y ciego al lanzamiento de una guerra mundial de conquista y destrucción centrada en los países y los pueblos árabes y musulmanes, y este elemento era un acontecimiento catastrófico del que pudiera responsabilizarse a éstos.

Después del choque inicial del 11 de septiembre y la campaña propagandística desencadenada, que saturó los hogares estadounidenses, algunos elementos críticos comenzaron a cuestionar los preparativos del atentado, especialmente cuando algunos informes de organismos de inteligencia nacionales y extranjeros comenzaron a difundir que los responsables estadounidenses de las políticas tenían informaciones claras de los preparativos del ataque terrorista. Tras muchos meses de presión popular sostenida, el presidente Bush procedió a crear una comisión de investigación de los hechos del 11 de septiembre, presidida por antiguos políticos y funcionarios gubernamentales. Philip Zelikow, académico y ex funcionario gubernamental, destacado defensor de la defensa preventiva (es decir, la política de guerra ofensiva promovida por los militantes sionistas del Gobierno), fue nombrado director ejecutivo encargado de preparar y redactar el informe oficial de la Comisión de Investigación del 11 de septiembre. Zelikow estaba al corriente de la necesidad de un pretexto –como el del 11 de septiembre– para lanzar una guerra permanente de ámbito mundial que él mismo había recomendado. Con una sagacidad que sólo podía venir de alguien familiarizado con el montaje que condujo a la guerra, Zelikow había escrito: “Como Pearl Harbor, este acontecimiento dividiría a nuestro pasado y nuestro futuro en un antes y un después. Estados Unidos (sic) podría responder con medidas draconianas, reducción de las libertades civiles, una mayor vigilancia de los ciudadanos, la detención de sospechosos y la utilización de fuerza letal (tortura)”, (véase Philip Zelikow y otros, Catastrophic Terrorism – Tackling the New Dangers, Foreign Affairs, 1998).

Zelikow dirigió el informe de la Comisión que eximió al gobierno de todo conocimiento o complicidad en el 11-S, pero que convenció a pocos estadounidenses, al margen de los medios de comunicación y el Congreso. Las encuestas realizadas en el verano de 2003 sobre los datos y las conclusiones de la Comisión mostraron que una mayoría de la opinión pública estadounidense, especialmente la población neoyorquina, expresaba públicamente un alto grado de desconfianza y rechazo. El público sospechaba de la complicidad del Gobierno, especialmente cuando se reveló que Zelikow había consultado a algunas de las principales figuras investigadas, como el vicepresidente Dick Cheney y el gurú presidencial Karl Rove. En respuesta a los ciudadanos escépticos, Zelikow tuvo un rapto de locura y calificó a los no creyentes de “gérmenes patógenos cuya infección debía combatirse.” Con un lenguaje que recordaba la retórica social-darwinista hitleriana, se refirió a las críticas al encubrimiento de la Comisión como “bacterias que pueden infectar el cuerpo entero de la opinión pública.” Sin duda, este berrinche pseudocientífico reflejó el miedo y asco que Zelikow siente por los que lo involucraron con un régimen militarista que inventó el pretexto para una guerra catastrófica en favor del Estado favorito de Zelikow: Israel.

A lo largo de la década de 1990, la construcción imperial desarrollada por EE UU e Israel había tomado una renovada virulencia: Israel siguió despojando a los palestinos y ampliando sus asentamientos coloniales; y George Bush senior invadió Iraq y destruyó sistemáticamente la infraestructura económica militar y civil de este país, a la vez que fomentaba la creación del estado satélite de Kurdistán, tras la adecuada limpieza étnica, al norte del país. Como su antecesor, Ronald Reagan, el presidente George H. Bush dio su apoyo a fuerzas irregulares anticomunistas en su conquista de Afganistán, fuerzas que libraron una guerra santa contra un gobierno laico nacionalista y de izquierdas. Al mismo tiempo, intentó equilibrar la construcción imperial por vía militar con la expansión del imperio económico estadounidense, sin ocupar Iraq y tratando, sin éxito, de frenar la expansión colonial israelí en Cisjordania.

Con la llegada de Bill Clinton a la presidencia, se retiraron todas las trabas a la construcción militar del imperio. Clinton provocó una destructiva guerra balcánica, bombardeó sin piedad y desmembró Yugoslavia, bombardeó periódicamente Iraq y amplió las bases militares estadounidenses en los Emiratos Árabes. Bombardeó la principal fábrica de productos farmacéuticos de Sudán, invadió Somalia e intensificó el criminal boicot económico a Iraq que produjo la muerte de unos 500.000 niños. En el seno del gobierno de Clinton, algunos sionistas liberales pro Israel se unieron a los constructores del imperio en posiciones clave para la elaboración de políticas. La expansión militar y la represión israelíes alcanzaron nuevas cotas a medida que los colonos judíos financiados por EE UU y las fuerzas militares israelíes, fuertemente armadas, asesinaban a adolescentes palestinos desarmados que protestaban contra la presencia en los territorios ocupados durante la primera Intifada. En otras palabras, Washington amplió su penetración y ocupación militar en los países y las sociedades árabes, desacreditando y debilitando así el poder de sus gobiernos satélites sobre sus respectivos pueblos.

Estados Unidos puso fin a la ayuda militar que había dado a los grupos armados anticomunistas islámicos de Afganistán, una vez alcanzados los objetivos estadounidenses de destrucción del régimen laico apoyado por la Unión Soviética (acompañada por el asesinato de miles de maestros.) Como consecuencia de la financiación estadounidense se creó una vasta y desestructurada red de combatientes islámicos bien entrenados dispuestos a la lucha contra otros regímenes. Muchos de ellos fueron trasladados por el gobierno de Clinton a Bosnia, donde los combatientes islámicos combatieron en una guerra por delegación y separatista contra el gobierno central, laico y socialista, de Yugoslavia. Otros recibieron financiamiento para desestabilizar Irán e Iraq, y fueron considerados por Washington como fuerzas de choque para futuras conquistas militares estadounidenses. No obstante, la coalición imperial de Clinton, formada por colonialistas israelíes, combatientes mercenarios islámicos y separatistas kurdos y chechenos se deshizo a medida que Estados Unidos e Israel avanzaban hacia la guerra y la conquista de Estados árabes y musulmanes, y Estados Unidos ampliaba su presencia militar en Arabia Saudí, Kuwait y los Estadosos del Golfo.

No fue fácil vender la construcción del imperio basado en el dominio militar contra Estados nación existentes; ni al público estadounidense, ni a los constructores del imperio basado en el mercado de Europa Occidental y Japón, ni a los emergentes de China y Rusia. Washington tuvo que crear las condiciones para una provocación de gran envergadura, que superase o debilitase la resistencia y oposición de los constructores del imperio rivales. Más concretamente, Washington necesitaba un acontecimiento catastrófico capaz de dar la vuelta a la opinión pública, que se había opuesto a la primera guerra del Golfo y que luego apoyó una rápida retirada de las tropas estadounidenses de Iraq en 1990.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 sirvieron a los fines de los constructores militaristas del imperio de Estados Unidos e Israel. La destrucción del World Trade Center y la muerte de casi 3.000 civiles sirvió de pretexto para una serie de guerras coloniales, ocupaciones coloniales y actividades terroristas en todo el mundo, y consiguió el apoyo unánime del Congreso estadounidense a la vez que desencadenaba una campaña de propaganda masiva en todos los medios, a favor de la guerra.


La política de provocaciones militares

Los diez años durante los cuales se mató de hambre a 23 millones de árabes iraquíes con el boicot económico de Clinton, acompañado de intensos bombardeos, fueron una constante provocación a las comunidades y los ciudadanos árabes en todo el mundo. El apoyo al despojo sistemático de las tierras de los palestinos, acompañado de la violación de los lugares sagrados islámicos de Jerusalén fue una grave provocación que desencadenó docenas de ataques suicidas en represalia. La construcción y el funcionamiento de las bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, país en el que se halla la ciudad santa de La Meca, fue una provocación para millones de musulmanes creyentes y practicantes. El ataque y la ocupación estadounidense e israelí del sur del Líbano y la matanza de 17.000 libaneses y palestinos fue una provocación para los árabes.

Gobernados por pusilánimes gobiernos sometidos a los intereses estadounidenses e incapaces de dar respuesta a la brutalidad israelí contra los palestinos, los ciudadanos árabes y los creyentes musulmanes se han visto impulsados sin cesar por los gobiernos de Bush y, especialmente, Clinton a responder a sus continuas provocaciones. Frente a la decisiva desproporción de su potencia de fuego respecto al avanzado armamento de las fuerzas de ocupación estadounidenses e israelíes (helicópteros artillados Apache, bombas de 2.500 kilos, aviones asesinos no tripulados, transportes acorazados, bombas de racimo, napalm y misiles) la resistencia árabe e islámica dispone solo de armas ligeras: fusiles automáticos, lanzagranadas, misiles katiusha de corto alcance y poca precisión, y ametralladoras. La única arma que poseen en abundancia como represalia son las suicidas bombas humanas.

Hasta el 11 de septiembre, las guerras imperiales contra las poblaciones árabes e islámicas tuvieron por escenario los objetivos y las tierras ocupadas en las que vivía, trabajaba y compartía sus vidas la gran masa de población. En otras palabras, todos (la mayor parte, en el caso de Israel) los efectos destructivos de sus guerras (asesinatos, destrucción de viviendas y poblaciones enteras y pérdidas humanas) fueron producto de las acciones bélicas de EE UU e Israel, países inmunes a una acción de represalia en su propio territorio.

El 11 de septiembre de 2001 se produjo el primer ataque a gran escala árabe-islámico coronado por el éxito sobre territorio estadounidense en esta prolongada y unilateral guerra. La precisa sincronización del 11-S coincide con la llegada a los puestos decisorios en la política bélica estadounidense para Oriente Próximo de una serie de sionistas extremistas, colocados en los más altos puestos del Pentágono, la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad (NSC), y que dominaban las políticas del Congreso hacia Oriente Próximo. Los antiimperialistas árabes e islámicos estaban convencidos de que los constructores militaristas del imperio estaban poniendo a punto un asalto frontal de todos los centros restantes de oposición al sionismo en Oriente Próximo, entre otros Iraq, Irán, Siria, Líbano meridional, Cisjordania, Gaza, así como Afganistán en Asia meridional y Sudán y Somalia en África del Noreste.

Este programa de guerras ofensivas había sido esbozado por la élite sionista estadounidense, encabezada por Richard Pearl, para el Israeli Institute for Advanced Strategic and Political Studies en un documento de política titulado A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm (Una oportunidad clara. Nueva estrategia para proteger el Reino). El documento fue elaborado en 1996 para el primer ministro israelí de extrema derecha Benjamin Netanyahu antes de su toma de posesión.

El 28 de septiembre de 2000, a pesar de las advertencias de muchos observadores, el general Ariel Sharon, infame autor de la masacre de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila, profanó la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, acompañado de todo su equipo de mando militar, lo que constituyó una deliberada provocación religiosa y le reportó la elección como primer ministro por el partido de extrema derecha Likud. Esta acción condujo a la segunda Intifada y a la salvaje respuesta de los israelíes. El total apoyo de Washington a Sharon simplemente reforzó la creencia generalizada entre los árabes de todo el mundo de que la solución sionista basada en purgas étnicas masivas formaba parte del programa de Washington.

El grupo coordinador entre los constructores de imperio estadounidenses y sus socios en Israel ha sido el influyente grupo sionista especializado en políticas públicas, autor del documento titulado Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), de 1998, en el que se establece una hoja de ruta detallada de la dominación de Estados Unidos sobre el mundo, que, como por casualidad, se centraba sólo en el Oriente Próximo y coincidía exactamente con la visión de Tel Aviv de una región dominada por Israel y Estados Unidos. En 2000, los ideólogos sionistas del PNAC publicaron un documento de estrategia titulado Rebuilding America’s Defenses (Reconstruyendo las defensas de Estados Unidos) que establecía las directrices que los nuevos responsables sionistas seguirían exactamente a su llegada a los más altos niveles del Pentágono y la Casa Blanca. Las directrices del PNAC establecían, entre otros, la creación de bases militares avanzadas en Oriente Próximo, el aumento del gasto militar del 3% al 4% del PIB, un ataque militar destinado a derrocar a Sadam Hussein, y una confrontación militar con Irán utilizando el pretexto de las amenazantes armas de destrucción masiva.

El programa del PNAC no podía llevarse a cabo sin un acontecimiento catastrófico del tipo Pearl Harbor, tal como percibieron enseguida los constructores militaristas del imperio, los israelíes y los responsables sionistas de las políticas estadounidenses. La negativa deliberada por parte de la Casa Blanca y sus 16 organismos de inteligencia, así como del Departamento de Justicia, de hacer un seguimiento de algunos informes precisos relativos a la entrada en el país de terroristas, su entrenamiento, financiación y planes de acción fue un caso de negligencia planificada. El propósito consistía en permitir que el ataque se produjese, e inmediatamente lanzar la mayor oleada de invasiones militares y actividades de terrorismo de Estado desde el final de la guerra de Vietnam.

Israel, que había identificado y mantenido bajo estrecha vigilancia a los terroristas, aseguró que la acción se realizaría sin interrupción. Durante los ataques del 11-S, sus agentes llegaron a registrar en vídeo y fotografía las torres del WTC en el momento de las explosiones, a la vez que bailaban de alegría en anticipación de la adopción por Washington de la estrategia militarista de Israel para Oriente Próximo.


La construcción militarista del imperio y la conexión sionista

La construcción militarista del imperio precedió a la llegada al poder en el gobierno de Bush de la Configuración del Poder Sionista (1) (Zionist Power Configuration, ZPC), y la persecución de sus fines, tras el 11-S, la realizaron al unísono la ZPC y los militaristas estadounidenses de siempre, como Donald Rumsfeld y Dick Cheney. Las provocaciones contra los árabes y los musulmanes que condujeron a los ataques fueron inducidas conjuntamente por Estados Unidos e Israel, y la actual ejecución de la estrategia militarista hacia Irán es otra empresa conjunta de los sionistas y los militaristas estadounidenses.

Lo que sí aportaron los sionistas, que no tenían los militaristas estadounidenses, fue un lobby organizado y masivo, dotado de financiación, propagandistas y respaldo político a la guerra. Los principales ideólogos gubernamentales, expertos de los medios de comunicación, académicos, redactores de discursos y asesores de guerra venían en gran parte de las filas del sionismo estadounidense. Los aspectos más perjudiciales del papel sionista en la ejecución de la política de guerra tienen que ver con la destrucción y el desmantelamiento del estado iraquí. Los responsables sionistas de las políticas promovieron la ocupación militar estadounidense y apoyaron la presencia militar masiva estadounidense en la región en vistas de sucesivas guerras contra Irán, Siria y otros adversarios de la expansión israelí.

En su empeño de una construcción militarista del imperio, con arreglo a la versión de Israel, los militaristas sionistas en el gobierno de Estados Unidos superaron las expectativas anteriores al 11-S, con un aumento del gasto militar que pasó del 3% del PIB en 2000 al 6% en 2008, con un crecimiento del 13% annual desde 2001 a 2008. Como resultado, el déficit presupuestario estadounidense alcanzará los diez billones de dólares (10.000.000.000.000) en 2010, lo que duplica el déficit de 1997 y conduce la economía de Estados Unidos y el imperio económico de este país a la bancarrota.

Los responsables de las políticas sionistas-estadounidenses han mostrado una total ceguera ante las desastrosas consecuencias económicas para los intereses estadounidenses en el extranjero, por cuanto su principal consideración estratégica son las políticas estadounidenses que potencien el dominio militar israelí en Oriente Próximo. El coste en sangre y dinero de la utilización del potencial militar estadounidense para destruir los adversarios de Israel les trae sin cuidado.

Para alcanzar el éxito del proyecto imperial militarista-sionista de un Nuevo Orden en Oriente Próximo, Washington tenía que movilizar toda la población en favor de una serie de guerras contra los países antiimperialistas y antiisraelíes de Oriente Próximo y otras zonas. Y a fin de proponer como objetivo los muchos adversarios de Israel, los sionistas estadounidenses inventaron el concepto de guerra global contra el terrorismo. El clima existente en la opinión pública estadounidense e internacional era decididamente hostil a la idea de desencadenar una serie de guerras, para no hablar de seguir ciegamente a los extremistas sionistas. El sacrificio de vidas estadounidenses por el poder de Israel y la fantasía sionista de una esfera de prosperidad compartida estadounidense-israelí que dominase todo Oriente Próximo no podía conseguir el respaldo público estadounidense, y mucho menos el del resto del mundo.

Los principales responsables de las políticas, en particular las élites sionistas, elaboraron la idea de un montaje que sirviese de pretexto, un acontecimiento que fuese un gran choque para el pueblo y el Congreso de Estados Unidos, y provocase un estado de ánimo temeroso, irracional y belicoso, que permitiese sacrificar vidas y libertades democráticas. Conseguir que la opinión pública estadounidense apoyase un proyecto imperial de invasión y ocupación de Oriente Próximo requería otro Pearl Harbor.


El bombardeo terrorista: la Casa Blanca y la complicidad sionista

A todos los niveles del gobierno estadounidense se sabía que extremistas árabes estaban planeando un espectacular ataque armado en Estados Unidos. El FBI y la CIA tenían sus nombres y direcciones; y la consejera nacional de seguridad, Condoleezza Rice, afirmó públicamente que el Ejecutivo sabía que se produciría un secuestro de aviones, pero que pensaban que se trataría de un secuestro tradicional, no de utilizar los aviones como misiles. El fiscal general, John Ashcroft, lo tuvo bien presente y se negó a utilizar vuelos comerciales. Una serie de espías israelíes vivían a unos bloques de viviendas de distancia de algunos de los secuestradores, en Florida, e informaban a su cuartel general de sus movimientos. Organismos de inteligencia de otros países, en particular de Alemania, Rusia, Israel y Egipto, aseguran que proporcionaron información a sus contrapartes estadounidenses sobre el plan terrorista. La oficina del Presidente, la CIA, la DIA y el FBI permitieron que los atacantes prepararan sus planes, consiguieran financiación, llegasen a los aeropuertos, subieran a los aviones y llevaran a cabo el ataque, todos ellos con visados estadounidenses en sus pasaportes, —visados emitidos en su mayor parte en Jeddah (Arabia Saudí), en su día uno de los centros principales de reclutamiento de voluntarios árabes para Afganistán— y algunos convertidos en pilotos formados en Estados Unidos. Tan pronto como los terroristas se hicieron con el control de los vuelos, la Fuerza Aérea recibió notificación del secuestro, pero algunos altos cargos inexplicablemente retrasaron cualquier acción destinada a interceptar los aviones, permitiendo así que los atacantes alcanzasen sus objetivos: el World Trade Center y el Pentágono.

Los constructores militaristas del imperio y sus aliados sionistas aprovecharon inmediatamente el pretexto que les ofrecía un ataque militar por parte de terroristas no vinculados a un Estado para lanzar una ofensiva militar de alcance mundial contra una serie de países soberanos. En 24 horas, el senador ultrasionista Joseph Lieberman, en un preparado discurso, instó a que Estados Unidos atacase Irán, Iraq y Siria, sin tener ninguna prueba de que cualquiera de estos países, todos ellos miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas, estuviese detrás de los secuestros de aviones. El presidente Bush declaró la guerra global contra el terrorismo y lanzó la invasión de Afganistán, a la vez que aprobaba un programa de asesinatos y secuestros extraterritoriales y extrajudiciales, y de torturas en todo el mundo. Era evidente que el Gobierno estaba poniendo en funcionamiento una estrategia defendida públicamente y elaborada por los ideólogos sionistas mucho antes del 11-S. El presidente consiguió un apoyo casi unánime del Congreso a su primera Patriot Act (Ley Patriótica), por la que se suspendían en el país libertades democráticas fundamentales. Pidió también que determinados Estados satélites y aliados de Estados Unidos implementasen su propia versión de esta ley autoritaria antiterrorista, con el fin de perseguir, enjuiciar y encarcelar a todos y cada uno de los oponentes de la construcción imperial de EE UU e Israel en Oriente Próximo y en cualquier otro lugar. En otras palabras, el 11 de septiembre de 2001 se convirtió en el pretexto de un virulento y sostenido esfuerzo para crear un nuevo orden mundial centrado en un imperio gobernado por Estados Unidos y un Oriente Próximo organizado en torno a la supremacía israelí.


Provocaciones y pretextos: la guerra de Israel y EE UU contra Irán

 

Las largas, interminables, costosas y fracasadas guerras de Iraq y Afganistán han socavado el apoyo internacional e interno al proyecto sionista del Nuevo Siglo Americano. Los militaristas estadounidenses y sus asesores e ideólogos tenían que crear un nuevo pretexto para sus planes de sometimiento de Oriente Próximo y especialmente de ataque a Irán. Así, han recurrido a una campaña de propaganda sobre el programa de energía nuclear para uso civil de Irán, y han preparado pruebas falsas de la participación directa de Irán en apoyo de la resistencia iraquí a la ocupación estadounidense. Sin ningún tipo de prueba, han asegurado que Irán han suministrado las armas con las que se ha bombardeado la Zona Verde estadounidense en Bagdad. El lobby israelí ha afirmado que el entrenamiento y las armas iraníes han contribuido a la derrota de los mercenarios iraquíes que Estados Unidos desplegó en la ciudad meridional de Basra. Los principales sionistas del Departamento del Tesoro han organizado un boicot económico mundial contra Irán, e Israel ha conseguido el apoyo de los principales líderes demócratas y republicanos del Congreso para un ataque sobre ese país. La pregunta que cabe hacerse ahora es si la mera existencia de Irán es ya un pretexto suficiente, o bien será necesario un incidente catastrófico.


Conclusión. Provocaciones y guerras imperiales: Detrás de cada guerra imperial hay una gran mentira

Una de las implicaciones políticas más importantes en nuestro debate sobre el uso por parte del gobierno de EE UU de provocaciones y engaños para lanzar guerras imperiales es que la gran mayoría del pueblo estadounidense se opone a las guerras de ultramar. Las mentiras gubernamentales al servicio de las intervenciones militares son necesarias para socavar la preferencia del pueblo estadounidense por una política exterior basada en el respeto a la autodeterminación de las naciones. La segunda implicación, sin embargo, es que los sentimientos pacíficos de la mayoría pueden ser superados rápidamente por la élite política por medio de engaños y provocaciones, debidamente amplificados y dramatizados en una constante repetición a través de la voz unificada de los medios de comunicación de masas. En otras palabras, los pacíficos ciudadanos estadounidenses pueden transformarse en militaristas chovinistas mediante la propaganda por los hechos,en virtud de la cual la autoridad ejecutiva enmascara sus acciones militares de agresión como acciones defensivas, y la respuesta del enemigo como una agresión gratuita contra un país tan amante de la paz como Estados Unidos.

Todas las provocaciones y los engaños del Gobierno están formulados por una élite cercana al Presidente, pero son ejecutados por una cadena de mando compuesta por un grupo que va de varias docenas a algunos centenares de operadores, la mayor parte de los cuales toman parte conscientemente en el engaño del público y raras veces llegan a desenmascarar el ilegal proyecto, sea por miedo, lealtad u obediencia ciega.

Ha resultado ser falsa la idea de los partidarios de la integridad de esta política de guerra de que dado el número tan alto de participantes, alguien puede filtrar el engaño, las provocaciones sistemáticas y la manipulación del público. En el momento de la provocación y la declaración de guerra, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la Autoridad Presidencial para usar la fuerza, pocos o ningún escritor o periodista planteó preguntas básicas. Los ejecutivos, operando bajo el manto de la defensa de un país pacífico ante traicioneros enemigos a los que no se ha provocado, consiguieron siempre la complicidad o el silencio de los críticos en tiempo de paz que prefieren enterrar sus reservas e investigaciones en tiempos de amenazas a la seguridad nacional. Pocos académicos, escritores o periodistas están dispuestos a arriesgar su situación profesional, cuando todos los jefes de redacción y propietarios de los medios de comunicación, los líderes políticos y sus propios colegas profesionales babean afirmando que “hay que estar unidos junto a nuestro Presidente en tiempos de amenaza mortal sin precedentes a la nación…” como sucedió en 1941, 1950, 1964 y 2001.

Con excepción de la Segunda Guerra Mundial, cada una de las subsiguientes guerras produjo una profunda desilusión política en la población, llegando incluso al rechazo de los montajes que en un primer momento justificaron la guerra. El desencanto popular con la guerra condujo en cada caso a un rechazo temporal del militarismo… hasta el siguiente ataque no provocado y la subsiguiente llamada a las armas. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial se dio la indignación civil masiva contra el mantenimiento del gran ejército y hubo manifestaciones a gran escala al final de las hostilidades exigiendo el regreso de los soldados a la vida civil. La desmovilización tuvo lugar a pesar de los esfuerzos del Gobierno por consolidar un nuevo imperio basado en la ocupación de países de Europa y Asia, tras las derrotas de Alemania y Japón.

La realidad estructural subyacente, que ha conducido a los presidentes a inventarse pretextos para la guerra, está basada en una concepción imperial militarista. ¿Por qué no respondió Roosevelt al desafío económico-imperial japonés potenciando la capacidad estadounidense de competir y producir de una manera más eficiente, en lugar de apoyar un boicot provocador sugerido por el declive de las potencias coloniales en Asia? ¿No será que, bajo el capitalismo, una economía deprimida y estancada y una fuerza de trabajo desempleada sólo pueden ser movilizadas por el Estado para una confrontación militar?

En el caso de la Guerra de Corea, ¿no era más viable que una potencia todopoderosa, como los EE UU de postguerra, ejerciese su influencia mediante inversiones en un país pobre, semiagrario y devastado –pero unificado— tal como hizo en Alemania, Japón y otros lugares tras la guerra?

Veinte años después de haber gastado centenares de miles de millones de dólares y de haber sufrido 500.000 muertos y heridos en la conquista de Indochina, el capital europeo, asiático y estadounidense entra en Vietnam pacíficamente a petición del propio gobierno, acelerando su integración en el mercado capitalista mundial mediante las inversiones y el comercio.

Es evidente que la no tan noble mentira de Platón, al modo como la practican los presidentes imperiales estadounidenses para engañar a sus ciudadanos con altos fines ha conducido al uso de medios sangrientos y crueles para alcanzar fines grotescos e innobles.

La repetición de pretextos inventados para entrar en guerras imperiales está incrustada en la estructura dual del sistema político de Estados Unidos: un imperio militarista y un amplio electorado. Para conseguir el primero es preciso engañar al segundo. El engaño es posible mediante el control de los medios de comunicación de masas cuya propaganda de guerra llega a cada hogar, oficina y aula con un mismo mensaje, determinado centralizadamente. Los medios de comunicación socavan lo que queda de información alternativa facilitada por líderes de opinión primarios y secundarios en las comunidades, y corroe los valores y la ética personales. Mientras que la construcción militarista del imperio ha producido la muerte de millones de personas y el desplazamiento de decenas de millones, la construcción económica del imperio impone sus propias exacciones en términos de explotación masiva del trabajo, la tierra y los medios de vida.

Tal como ha sucedido en el pasado, cuando las mentiras del imperio se descubren el desencanto público se instala y las invocaciones denuevas amenazas ya no movilizan la opinión pública. A medida que la continua pérdida de vidas y los costes socioeconómicos erosionan las condiciones de vida, la propaganda de los medios de comunicación pierde su efectividad y aparecen las oportunidades políticas. Del mismo modo que después de la Segunda Guerra Mundial, Corea, Indochina y, hoy, las de Iraq y Afganistán, se abre una ventana de oportunidad política. Las mayorías exigen cambios en las políticas, quizás en las estructuras y, ciertamente, un final a la guerra. Se abren posibilidades para el debate público del sistema imperial, que constantemente recurre a las guerras, junto a las mentiras y provocaciones que las justifican.


Epílogo

Esta visión telegráfica de la elaboración de la política imperial refuta la idea vulgar y convencional de que el proceso de toma de decisiones que conduce a la guerra es abierto, público y se desarrolla de acuerdo con las normas constitucionales de una democracia. Al contrario, tal y como es habitual en muchos ámbitos de la vida política, económica, social y cultura, pero especialmente en los asuntos de guerra y paz, las principales decisiones las adoptan una pequeña élite presidencial, y lo hace a puerta cerrada, a salvo de miradas y sin consultar, en abierta violación de las disposiciones constitucionales. El proceso que conduce a provocar el conflicto en busca de objetivos militares nunca se plantea abiertamente ante el electorado, y no hay ningún tipo de investigación, en ningún caso, por medio de comités independientes de investigación.

La naturaleza cerrada del proceso de toma de decisiones no empaña el hecho de que estas decisiones son públicas en la medida en que son adoptadas por cargos públicos, electos o no, en instituciones públicas, y en que afectan directamente al público. El problema es que al público se le mantiene en la oscuridad en lo tocante a los intereses imperiales que están en juego, y al engaño que lo induce a someterse ciegamente a las decisiones para la guerra. Los defensores del sistema político no están dispuestos a enfrentarse a los procedimientos autoritarios, las mentidas de las élites y los objetivos imperiales no explícitos. Los apologistas de los constructores militaristas del imperio etiquetan, de un modo irracional y peyorativo, a los críticos y escépticos como teóricos de la conspiración. En su mayor parte, los académicos de prestigio se conforman estrechamente a la retórica y las afirmaciones inventadas por los ejecutores de la política imperial.

En todo momento y lugar, grupos, organizaciones y líderes se reúnen a puerta cerrada antes de mostrarse públicamente. Una minoría de responsables o defensores de las políticas se reúnen, debaten y esbozan procedimientos y tácticas para conseguir una decisión favorable en las reuniones oficiales. Esta práctica común tiene lugar cuando se han de adoptar decisiones vitales, sea en los consejos escolares locales o en las reuniones de la Casa Blanca. Etiquetar el relato de pequeños grupos de funcionarios públicos que se reúnen y toman sus decisiones en reuniones públicas cerradas (en las que los programas, los procedimientos y las decisiones se toman antes de las reuniones públicas abiertas) como teorización conspiratoria equivale a negar la manera como funciona habitualmente la política. En otras palabras, los etiquetadores de conspiraciones son o bien ignorantes de los procedimientos más elementales en política o son conscientes de su papel en la cobertura de los abusos de poder de los mercaderes estatales del terror.


Profesor Zelikow, ¿y ahora qué?

La principal figura del círculo gubernamental de Bush que promovió activamente un nuevo Pearl Harbor y fue, al menos en parte, responsable de la política de complicidad con los terroristas del 11-S fue Philip Zelikow. Éste, un destacado defensor de Israel, es un académico gubernamental cuya área de conocimiento entra en el nebuloso ámbito del terrorismo catastrófico, que ha permitido a los líderes políticos estadounidenses concentrar sus poderes ejecutivos y violar las libertades constitucionales par conseguir sus guerras ofensivas imperiales y desarrollar el mito público. El libro de Philip Shenon The Commission: The Uncensored History of the 9/11 Investigation (La Comisión: historia no censurada de la investigación del 11-S) explicita con claridad el estratégico papel de Zelikow en el gobierno de Bush antes del 11-S, el periodo de negligencia cómplice, después de los hechos, durante el periodo de guerra global y en los intentos gubernamentales por enterrar su complicidad en el ataque terrorista.

Antes del 11-S, Zelikow presentó un proyecto del proceso de toma del poder por el ejecutivo hasta límites extremos con vistas a una guerra de ámbito mundial. Establecía una secuencia en la que el acontecimiento terrorista catastrófico facilitaría la total concentración del poder, seguida del lanzamiento por Israel de guerras ofensivas (todo ello admitido públicamente por él mismo). En el periodo anterior al 11-S y las múltiples guerras, Zelikow formó parte del Consejo de Seguridad Nacional, como consejero en materia de seguridad nacional de Condoleezza Rice (2000-2001), quien tenía conocimiento riguroso de los planes terroristas de apoderarse de vuelos comerciales, como la misma Rice admitió en público (secuestros convencionales, en sus propias palabras). Zelikow fue una pieza clave en la salida del experto en contraterrorismo Richard Clark del NSC, único organismo que seguía la operación terrorista. Entre 2001 y 2003, fue miembro de la Junta asesora del Presidente en materia de inteligencia internacional. Este fue el organismo que no había dado seguimiento ni continuidad a los informes clave de inteligencia que identificaban los planes terroristas. Zelikow, tras tener un papel importante en el sabotaje de los esfuerzos de los servicios secretos se convirtió en el principal autor de la Estrategia Nacional de Seguridad de los EE UU, en 2002, que recomendaba la política de Bush de invasión militar de Iraq, y que ponía en el punto de mira a Siria, Irán, Hezbolá, Hamas y otros países y entidades independientes árabes y musulmanes. El citado documento de Estrategia Nacional de Seguridad de Zelikow fue la directiva más influyente en la formulación de las políticas terroristas estatales del gobierno de Bush. También ajustó estrechamente las políticas de guerra de EE UU a las aspiraciones militares regionales del Estado de Israel desde su fundación. Esto demuestra la razón de las palabras del ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Universidad Bar Ilan, en el sentido de que los ataques del 11-S y la invasión estadounidense de Iraq habían sido acciones beneficiosas para Israel (Haaretz, 16.4.2008.)

Por último, Zelikow, en tanto que persona designada personalmente por Bush como director ejecutivo de la Comisión del 11-S, fue el encargado de coordinar con la oficina del vicepresidente el camuflaje de la política del gobierno de complicidad con los atentados. Si bien Zelikow no está considerado como un peso pesado académico, su papel central en el diseño, la ejecución y la cobertura de los acontecimientos que estremecieron al mundo el 11-S y el periodo inmediatamente posterior lo señalan como uno de los más peligrosos y destructivos influyentes políticos en la formulación y lanzamiento de las catastróficas guerras de Washington, pasadas, presentes y futuras.


  1. “ La Configuración del Poder Sionista (ZPC) cuenta con más de 2.000 funcionarios a tiempo completo, más de 250.000 activistas, más de 1.000 multimillonarios donantes políticos que contribuyen con sus recursos a los dos partidos estadounidenses en el Congreso. La ZPC proporciona el 20% del presupuesto de ayuda militar exterior estadounidense destinado a Israel, más del 95% del apoyo del Congreso al boicot israelí y las incursiones de su ejército en Gaza, Líbano y la opción militar preventiva contra Irán. La invasión estadounidense y la política de ocupación en Irak, incluyendo la falsificación de las pruebas que justificaban la invasión, estuvo fuertemente influenciada por altos funcionarios devotamente leales y vinculados a Israel.” Cf. J.Petras inhttp://xymphora.blogspot.com/2007/07/zionist-power-configuration.html


James Petras publicará en breve un nuevo libro: Zionism and US Militarism, Clarity Press, Atlanta.

S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate.

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar el nombre del autor y el del traductor, y la fuente.