¿MEMORIA HISTORICA?

Ante las actuaciones judiciales del juez Garzón relativas a la identificación de desaparecidos
El PCPE quiere manifestar que esta iniciativa, NO ABRE EN MODO ALGUNO, la investigación de los crímenes del franquismo y, ni mucho menos su esclarecimiento y lógica imputación de responsabilidades.

Resolución del Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España

Ante las actuaciones judiciales del juez Garzón relativas a la identificación de desaparecidos durante la represión franquista

El Juez Garzón ha solicitado a diversas instituciones información acerca de desaparecidos durante la guerra civil a fin de que se resuelva su competencia para investigar los crímenes acontecidos durante el Franquismo. Esta iniciativa se produce después de que varias asociaciones de Memoria Histórica le solicitaran su actuación.

El PCPE quiere manifestar que esta iniciativa, NO ABRE EN MODO ALGUNO, la investigación de los crímenes del franquismo y, ni mucho menos su esclarecimiento y lógica imputación de responsabilidades. Simplemente, el Juez quiere averiguar su competencia en un posible proceso sumarial acerca de “presuntos” crímenes acaecidos. La Fiscalía General del Estado ya ha manifestado su oposición y, como no, las fuerzas políticas y sociales de derecha.

En segundo lugar, afirmamos que esta iniciativa no es consecuencia de la aplicación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en el Parlamento por el PSOE, IU y otros partidos que, como es sabido, cierra herméticamente la fosa de los crímenes del franquismo y evita su esclarecimiento al desatender al estado de sus responsabilidades.

En tercer lugar, se hace patente una vez más, el divorcio entre el estado Español y la propia historia, al haber sido incapaz durante 30 años después de la muerte del dictador, de crear ninguna “Comisión de la Verdad” que esclareciera lo que verdaderamente ocurrió durante y después de la Guerra y también en los primeros años de “Democracia” en relación con la persecución, tortura y muerte de centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas.

En cuarto lugar, que la providencia del Juez, para ser verdaderamente eficaz, debería haberse hecho extensiva a todos los ayuntamientos y diputaciones del estado, a los cuartelillos de la Guardia Civil, a las comisarías de Policía, al Ejército, a todas las instituciones que colaboraron con la represión franquista (orfanatos, escuelas, hospitales, bibliotecas, archivos, colegios profesionales, asociaciones civiles, etc.) y sus continuadoras, incluyendo a la propia Judicatura del estado y la institución Monárquica.

En quinto lugar, no podemos olvidar que esta iniciativa judicial se produce por la presión y lucha que desde la sociedad civil se ha promovido durante todos estos años, incluyendo aquí al propio movimiento republicano interesado en que se revele toda la verdad del Franquismo y sus crímenes.

En Sexto lugar, que esta iniciativa al ser judicial no tendrá en ningún caso consecuencias políticas, lo que seguirá dejando en el limbo la ilegalidad y condena del régimen Franquista.

Por todo ello, consideramos que aunque nos alegremos de que el Juez perseguidor de los derechos y libertades de muchos ciudadanos y ciudadanas en el estado español y en su línea de martillo sin efecto de famosos dictadores y torturadores, haya empezado con esto, mucho nos tememos que el efecto que pretende conseguir, es el de desactivar, a través de la confusión y la división, al pujante Movimiento Republicano y de la Memoria.

No sólo se trata de Justicia Penal, que por supuesto exigimos, sino también de Justicia Política. La condena del Franquismo como un régimen criminal e ilegal no sólo requiere de tibias iniciativas judiciales, necesitaría que el propio estado rompiera política e institucionalmente con el régimen franquista pero ¿cómo podría hacerlo si este estado es continuador a través de las leyes franquistas del franquismo? Los crímenes de Franco fueron una consecuencia lógica de la condición global de criminalidad de todo el sistema y se hace necesaria por tanto no sólo la imputación concreta de esos crímenes sino la total condena del Franquismo y proclamar su ilegalidad.

Se trataría entonces de una estrategia de distracción, al reducirse la condición de la dictadura a la de las actuaciones de una serie de criminales concretos.

Por último reiteramos que la verdadera justicia se conseguirá cuando se rompa con el franquismo y para ello hace falta superar el marco jurídico-político de la Constitución de 1978, e iniciar el proceso constituyente por la III República.

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
Comité Central