PROGRAMA MARCO ELECCIONES AUTONÓMICAS MAYO 2007

PARTIDO COMUNISTA
DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA





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1. SUPERACIÓN DEL ESTADO MONÁRQUICO Y DE LAS AUTONOMÍAS: HACIA UNA REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARÁCTER CONFEDERAL; POR LA DEMOCRACIA, LA PAZ INTERNACIONAL Y LA SOLIDARIDAD.


1.1.- LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS: APUESTA POR UN MODELO DE ESTADO REPUBLICANO Y DE CARÁCTER CONFEDERAL, RECONOCIENDO EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN.

1.2.- LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.

1.3.- POR LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DEMOCRÁTICOS (COLECTIVOS E INDIVIDUALES) DE LA CIUDADANÍA. CONTRA LA REPRESIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA.
1.4.- LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS, LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA LUCHA CONTRA EL MILITARISMO IMPERIALISTA.

2.- REORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: POR LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y SU ORIENTACIÓN HACIA EL EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA.


2.1.- REORDENACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA.

2.2.- PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y CAMBIO.

2.3.- REVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE EL SUELO, PASANDO A CONSIDERAR LA VIVIENDA COMO NECESIDAD BÁSICA Y PRIORITARIA.

2.4.- EQUILIBRIO ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE.

3.- POR LA REPÚBLICA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: LOS DERECHOS LABORALES Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

3.1.- LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: LOS DERECHOS DE LA CLASE OBRERA.

3.2.- POLÍTICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL TENDENTE A LA IGUALDAD REAL DE DERECHOS.

3.2.1.- SANIDAD UNIVERSAL, PÚBLICA Y GRATUITA.
3.2.2.- POR LA INTEGRACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE.
3.2.3.- LOS DERECHOS DE LA TERCERA EDAD.
3.2.4.- SUPERACIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y MINUSVALÍA.
3.2.5.- SUPERACIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.
3.2.6.- POLÍTICA DE INFANCIA Y JUVENTUD.

3.3.- HACIA OTRA POLÍTICA CULTURAL.

3.3.1.- EL SISTEMA EDUCATIVO.


1. SUPERACIÓN DEL ESTADO MONÁRQUICO Y DE LAS AUTONOMÍAS: HACIA UNA REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARÁCTER CONFEDERAL; POR LA DEMOCRACIA, LA PAZ INTERNACIONAL Y LA SOLIDARIDAD.

1.1.- LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS: APUESTA POR UN MODELO DE ESTADO REPUBLICANO Y DE CARÁCTER CONFEDERAL, RECONOCIENDO EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN.

Conforme advertía nuestra organización, con motivo del proceso electoral de 2003, “para el PCPE la cuestión de las elecciones autonómicas hace referencia en primer lugar al proceso histórico de conformación del estado español y, en lo concreto, al momento presente de dicho proceso”.
Decíamos también, entonces, que “desde nuestra concepción revolucionaria, la estrategia del capitalismo español de constituir un mercado de ámbito estatal, incluyendo a distintos pueblos y naciones en esa formación estatal, se hizo desde la violencia y la represión. Violencia en el desarrollo de distintos episodios de conquista y agresión, y represión de las identidades de los pueblos en la medida en que cuestionaban lo que el capital llamaba ‘la unidad de la patria’”.

Desde entonces hasta hoy, nuestro análisis al respecto no ha variado, sino para desarrollar y profundizar aquel planteamiento. El estado español no puede construirse democráticamente bajo el yugo de la monarquía, o sin reconocer el derecho de los pueblos a decidir su grado de implicación en el proyecto (lo que incluye evidentemente la posibilidad de autodeterminación).

Los intereses de la clase trabajadora por su emancipación social, su unidad como clase, resultan incompatibles con toda forma de opresión nacional. La unidad de los pueblos o se construye sobre bases absolutamente libres, o se convierte en un modelo de opresión detestable, y que propiamente divide al conjunto de la clase. Por ello, y en buena tradición leninista, la lucha de clases se vincula inevitablemente a toda reivindicación de naturaleza democrática y avanzada por el reconocimiento de los derechos de los pueblos.

Cuando uno observa los programas de las organizaciones de la burguesía, enseguida percibe que uno de los motivos de mantener la opresión nacional (la unidad impuesta, forzada, de “la patria”) es la fragmentación del movimiento obrero, la división de las luchas por el socialismo.

El Partido Popular, en su política de creciente identificación con el nacional-catolicismo, la falange y la extrema derecha en general, no sólo reivindica el actual modelo constitucional frente a toda propuesta de reforma avanzada (de la Constitución o los diversos Estatutos), sino que incluso hacen llamamientos a la involución, a la desarticulación del “estado de las autonomías” a favor del retorno hacia un modelo más centralista. Ante ello, el PSOE (a quien, por lo demás, IU se ha plegado como el guante a la mano) se convierte en el gran valedor de dicho estado autonómico, y por ende, también en fuerza reaccionaria frente a la apuesta por un modelo republicano en el que la unidad entre pueblos sea fruto de la unión voluntaria y no de la imposición.

Estas políticas, reprobables en sí, han conseguido además, que durante décadas apenas haya podido forjarse la unidad de la clase trabajadora en marcos más amplios, pues las organizaciones revolucionarias se han visto absorvidas por la lucha nacional, y, en ocasiones, han derivado hacia el nacionalismo… El fortalecimiento del PCPE promete superar dicha fragmentación sobre la base programática de un modelo de estado profundamente diferente, esto es, sobre la base de la República de carácter confederal y socialista, sobre la base de la unión libre y la cooperación de los pueblos.

Para la militancia del PCPE, la participación en las administraciones autonómicas no puede ser ajena a los planteamientos generales que venimos defendiendo. Antes bien, nuestra política en este ámbito debe ser punta de lanza en el reconocimiento de los derechos democráticos de los pueblos que actualmente conforman el estado.

En este sentido, desde cada marco autonómico, debemos formular, concretar y defender una serie de propuestas irrenunciables:

Apuesta por la derogación de la Constitución del 78 y de la institución monárquica, e instauración, en un proceso de movilización popular, de la III República. Ello conlleva, por supuesto, evidentemente, la elección democrática del jefe o jefa del estado.
Defensa de un modelo estatal (republicano) de carácter confederal, que incorpore a los pueblos que lo decidan en el proceso.
Reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones del estado.
Lógicamente, y por más que no sea nuestro modelo, a corto plazo, apoyaremos toda reforma de los Estatutos de Autonomía orientada a alcanzar el máximo techo competencial
En la misma línea, y frente a lo que se ha dado en diversas ocasiones, exigimos financiación “a coste real” de las transferencias de competencias.
Defensa política de la participación de los diversos pueblos en toda negociación estatal o internacional que afecte directamente a la Comunidad Autónoma respectiva.


1.2.- LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.

Las administraciones locales dependen en múltiples sentidos, no sólo de la administración central del estado, sino también de la administración autonómica pertinente. Por esta razón, la política autonómica conlleva inevitablemente la toma de decisiones en lo referido a los Ayuntamientos, a las Corporaciones locales.

En este aspecto:

Apostamos por la reforma de la legislación que afecta a los municipios (legislación de Régimen Local, de Haciendas Locales…), así como de cualquier otra disposición, en el sentido de favorecer su carácter democrático (por ejemplo, frente al presidencialismo actual de las alcaldías)
Propugnamos un trasvase de competencias y de recursos a las entidades locales, posibilitando a los Ayuntamientos que las mayores competencias se correspondan con una capacidad financiera muy superior a la actual (pues en caso contrario la transferencia se vuelve irreal, aparente).
Inevitable es también, favorecer un mayor peso del conjunto de los municipios en la toma de decisiones de “carácter o interés general”. En numerosas ocasiones, lo que se define como “interés general” a nivel autonómico, no lo es: favorece a una clase, a un territorio, y perjudica a otros. El PCPE, indudablemente, privilegia el interés general real frente a todo localismo, pero ello no implica que las administraciones locales sean ninguneadas y discriminadas, como actualmente tantas veces ocurre. Debemos invertir esta situación.
Reforma en profundidad del funcionamiento de las policías locales, eliminando su marcado carácter represivo y recaudatorio de los último tiempos, convirtiéndolos en un servicio más de atención global a la ciudadanía. Garantizar los derechos sindicales y laborales de los y las agentes, reforma de sus reglamentos internos democratizando su funcionamiento interno.
Reforma de las Juntas Locales de Seguridad para garantizar la máxima participación en las mismas del movimiento vecinal y otras entidades sociales, en particular las de defensa de los derechos humanos.


1.3.- POR LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DEMOCRÁTICOS (COLECTIVOS E INDIVIDUALES) DE LA CIUDADANÍA. CONTRA LA REPRESIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA.

La ciudadanía en su mayor parte, y la clase trabajadora en particular, se enfrentan actualmente a un retroceso de derechos y libertades generalizado. El recorte, la falsificación y la utilización demagógica (electoralista) de la participación política y social, es un hecho al que vienen contribuyendo de manera consciente, tanto los principales poderes económicos, como los gobiernos reaccionarios del PP o social-liberales del PSOE (más ciertos adláteres, por acción u omisión).

Junto a esta limitación de la presencia de la mayoría social en la toma de decisiones políticas, socio-económicas, culturales, nos encontramos con un incremento patente de la represión, con la limitación y condena de múltiples casos de expresión sindical, ante la ilegalización de partidos políticos, ante un crecimiento incesante de la vigilancia al ciudadano por parte de las llamadas fuerzas de seguridad, etc. Las recientes propuestas del PP para “transformar España” consisten simplemente, en un porcentaje desproporcionadamente elevado, en instalar cámaras de vigilancia por todas partes. Ellos, junto con el PSOE, han creado toda una serie de disposiciones legales para reprimir, para aplastar todo movimiento que no siga los cauces que quieran donarnos (y que cada vez son menos y más ridículos). Tanto PP como PSOE, no hace falta decirlo, aplican, además, dichas disposiciones con mano cada vez más dura. Hoy resulta innegable que eso a lo que llaman “seguridad del estado” o incluso “seguridad ciudadana”, no es, en realidad, sino represión implacable de la mayoría y la clase obrera en particular.

Represión y “congelación” de la participación social, no completan, sin embargo, el panorama. A ello hay que unir un fenómeno sobre el que también caben muy pocas dudas. Nos referimos al hecho de que, tanto una parte acomodada de la sociedad, como la crema de la política, cada vez encuentran menos limitaciones a la satisfación de sus mezquinos intereses, sus negocios rastreros, sus prácticas corruptas, etc. La prepotencia y la corrupción ¡a la orden del día!

Ante esta situación no cabe sino la lucha más decidida. Los militantes del PCPE debemos denunciar y combatir por todos los medios, y en concreto, esta situación carcelaria a que se nos somete como clase y como individuos. Contemplamos tres grupos de propuestas mínimas.

1.3.1.- CONTROL SOCIAL DE CARGOS PÚBLICOS.

Reforma de la Ley Electoral que establezca un sistema proporcional puro (una persona un voto), la igualdad en acceso a espacios de difusión gratuitos, tanto en tiempo como en horarios de emisión, proporcionalidad y acceso a subvenciones por sufragio recibido también a las fuerzas políticas que no obtengan representación.
Es preciso asimismo, reformar el sistema de proclamación de candidatos permitiendo una mayor participación social, contemplando la existencia de listas abiertas, etc.
Derecho de revocación de los cargos electos.
Exigencia de rendición de cuentas periódica por parte de responsables políticos
Reglamentación del Estatuto del Diputado/a que impida el transfuguismo político (diputado/a que abandone la formación política por la que fue elegido deberá abandonar su escaño)
Control de los bienes y riquezas de los cargos políticos para impedir el tráfico de influencias, el clientelismo, etc.
Erradicación de privilegios de los cargos públicos: igualdad de sus retribuciones con arreglo a la media de los trabajadores.
Reducción de los presupuestos de los procesos electorales, y control de la financiación por parte de las grandes fortunas, etc.


1.3.2.- COMBATIR LA REPRESIÓN.

Derogación de la Ley de partidos, la Ley Antiterrorista, la legislación sobre inmigración, etc.
Regulación escrupulosa del uso y obtención de datos personales.
Regulación estricta y restrictiva de la video-vigilancia, el uso de cámaras por parte de las fuerzas de seguridad (o por parte de empresas, etc.).
Garantías contra la tortura, con regulación de medidas específicas de control y expresión de las personas detenidas.
Cambio del sistema penitenciario, para que cumpla realmente su papel de rehabilitación social de los individuos. Garantías sobre el cumplimiento de la legislación penitenciaria y el respeto a los derechos humanos. Suscripción de convenios de colaboración con entidades asistenciales para articular mecanismos alternativos al cumplimiento de las penas en prisión, excarcelación de los/as presos/as enfermos/as sin requisitos ajenos al derecho a la salud, acceso a la red sanitaria pública para todos los presos y presas, acceso a la cultura, a la formación, la educación y cualquier medio que favorezca la reinserción fuera de la carcel. Cumplimiento de penas en el pueblo o nación de pertenencia. Oposición a toda detención por motivos de opinión o disidencia política.
Disolución de la Guardia Civil y la Legión, y creación de policías autonómicas donde no existan, con un carácter civil, funcionamiento democrático y escrupuloso respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en su funcionamiento.

1.3.3.- PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES.

Garantías de los derechos de opinión, reunión y asociación, implicando la utilización de todo el patrimonio público de locales, plazas, espacios de información o medios de comunicación.
Establecimiento de mecanismos legales que reconozcan el derecho de los movimientos sociales y políticos a la participación en la toma de decisiones importantes, independientemente de los procesos electorales.
Ley de Iniciativa Popular y Referéndum Vinculante, que permita la participación ciudadana en el ámbito autonómico y municipal, incluyendo la posibilidad de promover por esta vía la disolución de la Cámara.
Potenciación del asociacionismo desde una perspectiva de autosuficiencia para conseguir su independencia de los poderes públicos.
Modificación en profundidad de los formas de participación social en la gestión de las empresas públicas, entes autónomos, consejos asesores o demás instituciones públicas, que conviertan a los mismos en verdaderos órganos de control de la actuación de los gobiernos, dándoles capacidad decisoria en materias determinadas y articulando mecanismos que garanticen la representatividad de las entidades sociales que en las mismas estén representadas.
Democratización de los medios de comunicación. Debemos poner al servicio de la sociedad los grandes medios de comunicación, para crear una verdadera cultura popular, que refleje los orígenes y las aspiraciones de nuestro pueblo.
Impulso de un movimiento sindical de amplia base participativa, e independiente del estado y de la patronal.

1.4.- LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS, LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA LUCHA CONTRA EL MILITARISMO IMPERIALISTA.

Las administraciones autonómicas, o, mejor dicho, desde ellas, también cabe afrontar los objetivos de un mundo fundamentado sobre principios de cooperación, solidaridad, desarme y paz. En este sentido proponemos:

Apuesta por un Plan estratégico mundial para abordar los grandes problemas de la humanidad: agua potable, hambre, atención sanitaria (sida, tifus, cólera…), alfabetización y educación universal, etc.
Apuesta por la declaración como patrimonio de la humanidad de los recursos estratégicos del planeta: grandes ríos, masas forestales, grandes ecosistemas, recursos escasos e inestables… Ello significa también, la promoción y suscripción de acuerdos internacionales que garanticen esos recursos, así como su gestión y control democráticos. También, evidentemente, el desarrollo de tecnologías blandas que sustituyan a las más agresivas con la naturaleza, etc.
Incrementar lor recursos destinados a cooperación internacional.
Garantizar el intercambio fluido, en lo económico y lo cultural, con los pueblos del mundo más dañados por el imperialismo y que se enfrentan a él.
Difusión de informaciones veraces sobre la realidad de esos pueblos, su explotación, su resistencia, etc.
Exigencia de cierre de todas las instalaciones militares internacionales, así como del cese del tráfico de armas.
Declaración de todas las Comunidades Autónomas como territorios libres de armas nucleares. Igualmente para el uso del espacio aéreo y los puertos y aguas territoriales por parte de los ejércitos imperialistas.
Prohibición de maniobras militares internacionales en todo el territorio de las Comunidades Autónomas.
Fin de la fabricación y comercio de armas, procediendo al cierre de fábricas armamentísticas y a su reconversión en plantas industriales de carácter civil.
Desmilitarización del territorio de las bases extranjeras o conjuntas.
Estatuto de neutralidad, salida de la OTAN y de toda estructura militar internacional.
No a la intervención militar con el envió de tropas a otros países.
Reforma militar que reconozca los derechos democráticos de la tropa y depure los elementos antidemocráticos la estructura de mandos.




2.- REORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: POR LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y EL EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA.


Compromiso ineludible del PCPE es defender y potenciar los intereses colectivos frente a los intereses particulares, entendiendo que el desarrollo económico, urbanístico, etc., deben estar al servicio de la inmensa mayoría.

Primar lo colectivo frente a oligarquías e intereses de grupos reducidos o de particulares, es también una máxima comunista. Pero esto se traduce, fundamentalmente, en la necesidad de planificar adecuada y democráticamente el desarrollo, estableciendo como objetivo el beneficio de la mayoría.

Ante todo, y a corto plazo, pretendemos invertir el proceso privatizador acometido en todos los ámbitos durante los últimos años, al igual que sostenemos que los “daños colaterales” (sociales, medioambientales, etc.) generados actualmente por las grandes empresas, han de ser resueltos en base a sus propios recursos, y, en general, en base a los recursos de los más favorecidos por el sistema.

En la línea de defensa de lo colectivo, por otra parte, combatimos radicalmente la especulación urbanística y la implantación caótica de la industria. En particular, rechazamos la implantación de instalaciones e industrias altamente contaminantes, buscando generar espacios habitables y sostenibles, el mantenimiento del patrimonio arquitectónico de interés público, etc.

2.1.- REORDENACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA.

Con carácter inmediato, y desde la apuesta del PCPE por un modelo de estado de naturaleza socialista, debemos luchar por revertir el proceso acaecido durante los últimos años y consistente en la sustitución paulatina de impuestos directos por indirectos. Esta estrategia es, en realidad, uno de los principales mecanismos por los que se incrementa la presión fiscal sobre la clase trabajadora, al tiempo que se aligera la contribución del capital.

En este sentido, resulta igualmente necesario impulsar toda modificación tendente a ahondar el carácter progresivo de los impuestos directos, pues mientras exista la desproporción de ingresos que encontramos bajo el capitalismo, sólo por medio de un sistema fiscal profundamente progresivo, profundamente “desigual”, cabe avanzar socialmente.

Por otra parte, el PCPE ha de mostrarse favorable a toda modificación del sistema de inspección fiscal que destape y, en lo posible, elimine el fraude por parte de las grandes empresas y fortunas. Todos somos conocedores de que, en la actualidad, el peso de la ley recae sobre el trabajador, mientras muchas grandes empresas se hallan, en la práctica, por encima de la ley.

Pero, evidentemente, estas reformas tienen alcance limitado. Las administraciones autonómicas no sólo deben variar el sistema de recaudación y la inspección de la misma. Resulta imprescindible que dichas administraciones intervengan de modo más decisivo. Para ello, como más abajo veremos, el PCPE apuesta, en el proceso de construcción socialista, por la nacionalización de las grandes empresas, y, en particular, por la nacionalización del capital financiero, esto es: de la banca. En muchas Comunidades Autónomas, las Cajas no prestan el servicio público que prometen, y la banca en general es un medio contra la sociedad, en vez de hallarse a su servicio.

Finalmente, y desde nuestra apuesta por un modelo de estado de carácter confederal, debemos apuntar aquí nuestro propósito de descentralización de las políticas fiscales, estableciendo políticas diferenciadas que respondan a la situación de desigualdad de las distintas realidades.
2.2.- PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y CAMBIO.

La planificación constituye el paso esencial para lograr que el ser humano deje de ser dominado por la economía, por el mercado, para empezar a convertirse en dueño, en agente consciente y libre de la misma. Evidentemente, dicha planificación sólo es realmente operativa cuando simultánea o previamente se apuesta por la socialización de los principales medios productivos.

Proponemos las siguientes medidas:

Socialización de los grandes medios de producción y de cambio. Esto se refiere prioritariamente a la producción estratégica, pues uno de los objetivos es articular la base productiva combatiendo la dependencia internacional, la dependencia respecto a las transnacionales y el imperialismo, que hoy padecemos
Recuperación del carácter público de las empresas de grandes servicios a la población: sanidad, abastecimiento de agua, gas, electricidad, telefonía, transporte, basura, etc. Las necesidades básicas no pueden permanecer subordinadas al negocio privado, pues todos sabemos cómo el sector privado dista mucho de garantizar la universalidad de tales servicios.
En sentido negativo, esto, lógicamente, también significa que el PCPE es vanguardia en la oposición a todo proceso privatizador, y que apostamos por la limitación legal de los procesos de subcontratación de las empresas y entidades públicas (también de las privadas, por razones socio-laborales evidentes).
Apoyo a la pequeña y mediana empresa y al cooperativismo.
Desarrollo de Planes de Reindustrialización y de Desarrollo, especialmente en las zonas afectadas por reconversiones, fuga de empresas, etc.
Desarrollo de Planes de Reforma Agraria centrados en el logro de la recuperación productiva, la elevación del nivel de vida del campesinado y la pérdida que supone su abandono. Planes de fomento del cooperativismo, de concentración parcelaria en las Comunidades tradicionalmente minifundistas, y de colectivización de los latifundios. Formación profesional del campesinado, y eliminación del inmenso poder de los intermediarios. Todo ello unido a un Plan integral de mejora y modernización de las infraestructuras y servicios del campo. Creación de empresas públicas y/ o cooperativas que garanticen la comercialización de productos.
Planes de desarrollo del sector servicios que tenga como prioridades principales la creación de empleo digno y de calidad, así como el desarrollo tecnológico y social en general.
Planes específicos de desarrollo tecnológico, de introducción de nuevas tecnologías y de alfabetización informática de la población (con especial atención a las zonas rurales).
Planes de modernización de las comunicaciones, y generación de empresas públicas de transportes que ofrezcan un servicio lo más exhaustivo posible. Es también preciso que las autopistas u otras infraestructuras en manos privadas, pasen a depender de las administraciones públicas.

2.3.- “REVOLUCIÓN” DE LAS POLÍTICAS SOBRE EL SUELO, PASANDO A CONSIDERAR LA VIVIENDA COMO NECESIDAD BÁSICA Y PRIORITARIA.

El precio de la vivienda, con los incrementos galopantes de precios año a año, ha pasado de ser un derecho constitucional a un lujo que cada vez menos gente se puede permitir. En estos momentos se están firmando hipotecas a 50 años, y las distintas administraciones públicas (central, autonómica, local), no sólo no combaten esta situación, sino que la benefician, favoreciendo la especulación y el endeudamiento de la clase trabajadora.

Las constantes subidas de tipo de interés por el Banco Central Europeo (BCE) y el correspondiente aumento del tipo referencial Euribor, está provocando que un número cada vez mayor de personas se encuentren con graves dificultades para hacer frente al pago de sus hipotecas. Esta realidad, que se pretende presentar como casual y ajena a la voluntad de los sectores oligárquicos, se enmarca en una clara estrategia de apropiación (robo) de las rentas del trabajo (salarios) por parte del capital (bancos y promotoras inmobiliarias).

Ahora, cuando cada vez más personas, o bien no pueden pagar, o se ven obligadas a renunciar a necesidades básicas para hacer frente al pago de la hipoteca, la banca articula diversos mecanismos para robarnos, legalmente claro, nuestras viviendas, sea mediante los juzgados o con el ahogo provocado por su usura (renegociación, reunificación, aumento de plazos y embargos).

Esta situación descrita responde a una estrategia de encadenamiento de la clase obrera, que soporta no importa qué condiciones de trabajo por la amenaza de perder la vivienda si no se hace frente a las mensualidades de la hipoteca.

Ante esta sangrante situación, proponemos una verdadera revolución de las políticas de suelo, así como una reconsideración de la vivienda como derecho básico efectivo. Entre las medidas concretas que el PCPE propugna al respecto, subrayamos las siguientes:

Declaración de carácter público del suelo, y, ante todo, del suelo urbanizable de expansión de los núcleos urbanos.
Modificación de la política fiscal, de forma que se incremente el gravamen sobre pisos vacíos y segundas viviendas, apostando, a su vez, por la eliminación del IBI para las primeras viviendas (siempre en función de su coste, su tamaño, etc.).
Oposición y denuncia de las políticas del BCE, así como de su anti-democrática autonomía, en la medida en que es máximo responsable del endeudamiento de la clase obrera europea.
Obligación de las administraciones de garantizar el derecho a la vivienda, articulando medidas para los casos de mayor desprotección social.
Lucha implacable contra la especulación y la corrupción inmobiliaria

2.4.- EQUILIBRIO ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE.

Una política ambiental realista, tanto más necesaria de día en día, sólo bajo un sistema socialista y de cooperación internacional es posible. La competencia atroz entre empresas y estados es la causa con mayúsculas del expolio de recursos naturales, así como de la contaminación y degradación del planeta.

Entre muchas otras medidas posibles, proponemos:

Ordenación territorial partiendo de las condiciones de los recursos y no de los intereses de los particulares. Realización de un plan autonómico de inventario de recursos, y sus valores y vocaciones, con una vigencia no modificable de al menos quince años.
Control público de todos los recursos naturales: bosques, ríos, litoral, etc. y programación de los usos del territorio en planes estratégicos de amplio debate social.
Derogación de las leyes de Impacto Ambiental y su sustitución por un nuevo texto legal que limite las medidas correctoras a una compensación objetivamente real de los impactos ambientales provocados, de tal manera que el resultado final siempre suponga una mayor riqueza de recursos cuantificables.
Introducción de energías blandas en el máximo de actividades posible. Subvención de dichas energías, con prioridad, para los usos residenciales. Plan de Desarrollo y promoción de las energías renovables.
Apuesta por la suscripción de protocolos internacionales de garantía de este modelo de desarrollo.
Plan Integral de Defensa y Recuperación Ecológica que priorice la especialización en la ecoindustria y la regeneración inmediata del ecosistema.
Eliminación de vertederos y sustitución de tecnologías desfasadas de tratamiento de basuras y residuos por técnicas de reciclaje lo más integrales posible.
Prohibición de la minería a cielo abierto.
Plan forestal que asegure la protección de las especies autóctonas, la reforestación, el uso industrial racional del recurso forestal, fundamentalmente en manos públicas o a través de cooperativas forestales. Para el diseño de este nuevo plan forestal se requerirá la participación de las poblaciones más afectadas, organizaciones campesinas y movimiento conservacionista.
Declaración de las Comunidades Autónomas como libres de transgénicos, prohibiendo la creación, uso y comercialización de los mismos.
Declaración de las Comunidades como zonas desnuclearizadas, prohibiendo la construcción de centrales nucleares en nuestra tierra así como el transito, almacenamiento o fabricación de armas nucleares tanto en nuestra tierra, puertos, zona de aguas territoriales o espacio aéreo.





3.- POR LA REPÚBLICA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: LOS DERECHOS LABORALES Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

3.1.- LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: LOS DERECHOS DE LA CLASE OBRERA.

Un análisis somero de las condiciones laborales nos pone en presencia de una problemática aguda que afecta a la inmensa mayoría de la sociedad, y que sólo por medio de la lucha revolucionaria puede ser corregida. El capitalismo es, fundamentalmente, la dictadura de la clase poseedora de los medios de producción, y su objetivo es siempre acrecentar la explotación, disponiendo para ello penosas condiciones de trabajo, recorte de “costes” salariales, existencia de un ejército industrial de reserva que abarate los salarios y facilite el despido, etc., etc.

El PCPE, desde su nacimiento, apuesta por la lucha de clases en orden a alcanzar la emancipación de la clase trabajadora, la eliminación de la explotación y del desempleo, y la consecución de la democracia en el seno de las empresas.

Presentamos, al respecto, las siguientes propuestas:

Estrategias de unificación de las luchas de la clase, superando la actual división administrativa provincial. Establecimiento de marcos de negociación colectiva de ámbito en cada Comunidad Autónoma. Ello articulado con el marco estatal de dicha negociación colectiva, siempre que no niegue las realidades concretas.
Fortalecimiento por vía legislativa de la capacidad de decisión de las trabajadoras y los trabajadores en la empresa.
Derogación de toda la legislación que ampara la precariedad en el trabajo.
Lucha por un nuevo estatuto de los trabajadores que garantice los derechos laborales.
Reducción de la jornada laboral a 35 horas como paso hacia las 32 horas, sin reducción salarial y con compromisos concretos de traslación a creación de nuevos empleos.
Desaparición efectiva de las horas extra no estructurales y precisión con criterios restrictivos de la naturaleza estructural de las que se realizan, con límites de realización por trabajador/ a no superior a 60 horas anuales de obligada compensación con tiempos de descanso.
Prohibición de las ETT´s (Empresas de Trabajo Temporal) y de las agencias privadas de Colocación. Potenciación de los servicios públicos para el Empleo, para hacer de ellos un instrumento útil para las personas sin trabajo.
Responsabilidad penal empresarial en los accidentes de trabajo.
Jubilación a los 60 años, con carácter general y con límites inferiores en sectores productivos nocivos y peligrosos, con igualdad de condiciones y prestaciones.
Control de los sistemas de contratación en las ofertas de empleo garantizando la transparencia y la igualdad de acceso al mismo.
Supresión de los Planes Locales de Empleo de trabajo precario sustituyéndolos por sistemas de conversión en empleos fijos, con varemos de selección que tengan en cuenta también criterios de necesidad.
Recuperación del principio de causalidad en la contratación.
Fusión de todos los proyectos de creación de empleo e instituciones creadas para su desarrollo en un organismo único dependiente del Gobierno autonómico.
Apoyo a las Pequeñas Empresas, el Autoempleo y la Economía Social, fundamentado en un cambio de la política fiscal que haga que paguen más las empresas con mayor capital y generación de beneficios. Modificación del sistema de módulos del IRPF, capaz de adecuar la carga fiscal a la verdadera generación de beneficios.
Elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) igual para todos y todas, y establecimiento de un Salario Social igual al SMI para todos aquellos parados y paradas que carezcan de ingresos propios, una vez realizado el prorrateo de todos los ingresos que componen su unidad de convivencia, superiores al mismo provenientes de otras fuentes no salariales.


3.2.- POLÍTICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL TENDENTE A LA IGUALDAD REAL DE DERECHOS.

Las políticas sociales definen el perfil de nuestra organización, por oposición a aquéllas que pretenden corregir la marginación a base de represión y medidas policiales. Como comunistas, no sólo combatimos dicha represión, sino que propugnamos un cambio drástico de las políticas sociales a efecto de corregir las situaciones de marginación, opresión social, y pérdida de derechos.

3.2.1.- SANIDAD UNIVERSAL, PÚBLICA Y GRATUITA.

La cada vez mayor privatización de los servicios sociales, de forma abierta o escondida, mediante subterfugios como la privatización de la gestión o los consorcios mixtos, han llevado a una degradación de los mismos: La sanidad pública necesita personal médico, material sanitario, instrumentos médicos, etc., mientras que los usuarios son remitidos a clínicas privadas para hacerles pruebas médicas o intervenciones menores; el esfuerzo del gobierno para reducir las listas de espera, ha quedado en un esfuerzo nada más, las personas con poder adquisitivo se pueden permitir una atención sanitaria más rápida, pagando los seguros médicos privados.

Frente a ello, debemos impulsar la existencia de un sistema sanitario de carácter universal, público y gratuito. Es preciso eliminar la gestión privada de servicios públicos, los convenios con entidades privadas.

Igualmente, es necesario defender la descentralización del sistema sanitario, en el sentido de hacerlo llegar al conjunto de la población, y ello contando con la suficiente dotación.

La investigación médica debe ordenarse prioritariamente a la atención de las enfermedades características de la población trabajadora y socialmente más desasistida. Y otro tanto habría que decir sobre la investigación farmaceútica, aunque ello resulta imposible en tanto se mantenga en manos privadas y persista el actual sistema de patentes (donde el capitalismo subordina, de forma criminal, la salud al enriquecimiento privado).

Finalmente, es preciso que se reconozcan como derechos legales algunas medidas hasta la fecha rechazadas por ley. Entre esos derechos se encuentran la libre decisión al aborto, y la eutanasia con control, es decir, la garantía de una muerte digna.

3.2.2.- POR LA INTEGRACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

La inmigración es, aparte de un síntoma de la monstruosa desigualdad entre clases y pueblos, un enorme problema para quien se ve obligado a ella. No hace falta recordar aquí la hipocresía con que el capital afronta el problema: explotando sin piedad como mano de obra barata a los inmigrantes, mientras se les niega todo tipo de derechos. Mantener a los y las inmigrantes en situación de “ilegalidad”, dificultar su integración, es una política que los burgueses han practicado desde antiguo para dividir a la clase trabajadora e incrementar su opresión.

El PCPE se enfrenta a esa política, propugnando que se favorezca la concesión de permisos de residencia y trabajo a inmigrantes, así como políticas tendentes a lograr la igualdad de acceso al trabajo, prestaciones sociales, cultura, educación y asistencia sanitaria. El internacionalismo proletario y los intereses de la clase obrera, requieren combatir todo tipo de discriminación.

3.2.3.- LOS DERECHOS DE LA TERCERA EDAD.

El PCPE apuesta por potenciar una red pública de atención a las personas mayores, contemplando la construcción de apartahoteles, así como subvenciones a las personas ancianas que decidan compartir vivienda. Todo ello desde el criterio de no separar de la vida pública a las personas mayores y mantenerlas integradas en la sociedad. Ello, por supuesto, no excluye la construcción de centros residenciales para la tercera edad, siempre que supongan integración y no exclusión, y que se encuentren bien dotados (centros de día, instalaciones deportivas y culturales, etc.).
Por otra parte, la mayoría de las pensiones no llegan a los 600 euros mensuales, y en el caso de las pensiones llamadas asistenciales rondan los 300 euros. Ello sitúa a las personas mayores, después de toda la vida trabajando, en situación real de exclusión social. El PCPE propone, a este respecto, garantizar un sistema público de pensiones que equipare las pensiones mínimas, contributivas o no, al SMI, la actualización según el IPC real, una pensión de viudedad igual al 75% de la base reguladora y la no denegación sistemática de pensiones de invalidez o incapacidades temporales por criterios meramente economicistas.


3.2.4.- POR LA SUPERACIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y MINUSVALÍA.
La famosa Ley de atención a las personas dependientes, constituye, al lado de algún pequeño avance social, un claro ejemplo de la hipocresía de este sistema capitalista, cuyo objetivo es la defensa de “su” derecho inalienable de apropiarse del esfuerzo de los demás. Para ello con dinero público, se paga a empresas privadas para que “presten” estos servicios, sumándole además el copago de una parte del servicio, y la precariedad laboral de los trabajadores que los realizan. La asistencia domiciliaria es imprescindible, pero bajo un sistema público y económicamente asequible.
Respecto a las dependencias y adiciones que el sistema genera, es preciso un Plan Integral contra las drogodependencias (y adiciones como ludopatía, etc.), tendente a la deshabituación y reinserción social y laboral, basada fundamentalmente en los servicios públicos asistenciales integrados dentro de la red sanitaria pública. Políticas de dispensación de metadona en los centros de salud o en centros dignos, a poder ser uno por barrio o cinco mil habitantes y respetando una ‘ratio’ de un dispensario por cada cien toxicómanos.

3.2.5.- SUPERACIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.

La situación de la mujer, a pesar del discurso oficial, apenas ha avanzado en multitud de aspectos: la discriminación social, laboral y económica sigue estando vigente, los malos tratos, las agresiones sexuales, la perpetuación de su rol social, etc., impiden su emancipación en este sistema.
Con este motivo, proponemos la creación de Planes Integrales para la Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, adopción de medidas legales firmes para los casos de agresión doméstica o laboral, creación de una Red de Centros de Acogida y atención “24 horas” y puesta en funcionamiento de programas específicos de contratación, viviendas sociales y formación para mujeres maltratadas. Proponemos la plena igualdad laboral y salarial, la existencia de Planes de formación y empleo específicos, que disminuyan el desempleo femenino.
En términos generales, apostamos por romper con las dependencias generadas por el capitalismo y el patriarcado, propugnando la plena emancipación de la mujer trabajadora.

3.2.5.- POLÍTICA DE INFANCIA Y JUVENTUD.

El derecho a una infancia digna, en la salud, la educación, la seguridad o el juego, es cuestión básica para una organización que cree en un futuro alternativo a la sociedad capitalista. Las políticas actuales, con servicios sociales privatizados e insuficientes, no sólo no generan esas garantías, sino que toleran diversas formas de violencia hacia los menores, bien explícitamente (prostitución y violencia infantil), bien de forma más sutil (fomento del consumismo, creación de valores sexistas y violentos en la infancia, etc.). La escolarización desde los cero años, la modificación de contenidos televisivos, la existencia de ludotecas, etc., tienden a corregir la situación.

Por supuesto, estas condiciones, aunque por medio de mecanismos parcialmente diferentes, se presentan también en la juventud, generando alienación, exclusión y auto-exclusión, adiciones, pérdida de referencias, etc. Corregir todo ello, implica ejercitar cambios políticos de muy diversos tipos que deben concretarse en cada comunidad y cada ciudad.

Entre otras medidas, habrá que garantizar el empleo juvenil, la vivienda, la formación (en aspectos laborales pero también sociales, sexuales, etc.). Es necesario también impulsar el asociacionismo juvenil, así como la generación de pautas culturales y lúdicas diferentes a las del consumismo, el individualismo, etc.

3.3.- HACIA OTRA POLÍTICA CULTURAL.

Inexcusable es también, para nuestro Partido, la potenciación de formas culturales avanzadas, luchando contra la alienación ideológica y las imposiciones “culturales” tradicionales.

Bajo el sacro-santo nombre de “cultura” se esconden muchas veces tradiciones reaccionarias, valores alienantes (consumismo, competitividad), e imposiciones contrarias a derechos fundamentales como el derecho a la auto-determinación. Esto quiere decir, que, para los comunistas, priorizar unos contenidos culturales frente a otros es esencial. Que ello se haga con la implicación de la mayoría, presenta, por supuesto, la misma importancia.

Es preciso garantizar el acceso de la totalidad de la población a las diferentes manifestaciones culturales, lúdicas, deportivas. Es necesario, frente al centralismo conservador, apostar por el reconocimiento de los derechos culturales de las naciones y los pueblos (lengua, conmemoraciones, festejos…). E, igualmente, hay que recuperar la historia real, el conocimiento de la contribución histórica de los trabajadores y las trabajadoras al desarrollo de nuestra sociedad. Finalmente, frente a la pseudo-cultura que se nos vende, permítasenos decir que la cultura, bien entendida, no ha de subordinarse al negocio: es un derecho.
Entre otras medidas, proponemos:

Elaboración de una norma reconocedora de los sacrificios y padecimientos de los luchadores y luchadoras antifranquistas.
Reconocimiento de las particularidades culturales de cada pueblo y fomento, a nivel oficial, del uso de las mismas. Articulación de una política cultural respetuosa con la identidad cultural de cada pueblo o nación, que permita conservar nuestras tradiciones populares y expresiones culturales y que potencie las diversas modalidades de las mismas. Simultáneamente, debemos combatir las tradiciones reaccionarias que favorecen discriminaciones sociales y valores contrarios al desarrollo científico y social.
Integración en el sistema educativo –público en su totalidad- de las culturas de cada pueblo.
Por el desarrollo cultural, por una cultura protagonizada por el pueblo. Actividades culturales, lúdicas, y festivas, deben ser desarrolladas por las más amplias capas de la población, en vez de desarrollarse burocráticamente o bajo supeditación al negocio de la hostelería.
Plan de normalización lingüística, que incluya la oficialidad de las diversas lenguas del estado.
Creación de Entes Públicos de Radio y Televisión, sometidos al control popular, que garanticen la pluralidad y la libertad de expresión, y que supongan una verdadera alternativa a los medios actuales por el carácter liberador, no alienante, de sus contenidos.
Promoción de la cultura en los barrios y en las zonas rurales, descentralizando al máximo todos los programas culturales.
Creación de una red de teatros públicos que permita la existencia de un mínimo de uno por concejo.
Plan de creación de auditorios y salas de ensayo, así como de una industria de grabación en cada comunidad, que permitan el desarrollo de diversas expresiones musicales.
Modificación en profundidad de la política de subvenciones a personas y entidades dedicadas al ámbito de la cultura, que permita racionalizar las mismas, controlar la ejecución real de lo subvencionado, elimine el despilfarro, el amiguismo y el control de manifestaciones culturales desde los gobiernos de turno.

3.3.1.- EL SISTEMA EDUCATIVO.

Es sabido de todos que en las últimas décadas la enseñanza ha sufrido un importante retroceso en múltiples aspectos. Las sucesivas reformas educativas, que, sin duda, contienen algunos elementos positivos, han introducido también otros que han degradado profundamente el sistema. Si nos atenemos a la orientación política de los dos grandes partidos mayoritarios, habría que decir que, mientras el PP apuesta por el recorte de la educación pública y laica, en beneficio de la privada y religiosa, el PSOE pretende convertir el sistema público en una suerte de colchón asistencial que impida que una parte importante de la juventud se vea en el paro, sin que dicho colchón contribuya realmente a mejorar la formación de la mayoría. De hecho, el descenso del nivel cultural (recogido por multitud de encuestas y estudios) manifiesta que la política del PSOE no es una alternativa a la del PP, sino que más bien… la complementa.

De este modo, nos encontramos con la apuesta por parte del poder de un doble sistema: el sistema público insuficientemente financiado, y enfrentado a todo tipo de problemas sociales y de integración, y un sistema privado y religioso ampliamente financiado por el estado, y que pretende genere la élite que gobierne a base de látigo a la mayoría.

No es necesario decir que la riqueza cultural que debería proporcionar la enseñanza, cada vez se encuentra más arrinconada por una mentalidad burocrática, para la que lo importante es el orden, el control, la domesticación del alumnado. En este contexto, tampoco la integración de la diversidad cultural del estado ha sido suficientemente integrada en el sistema educativo.

Frente a todo ello, el PCPE plantea:

Impulso decidido de la escuela pública, laica y de calidad, y oposición a la subvención pública de la escuela privada. Frente a lo que los sectores más reaccionarios afirman, la existencia de la escuela privada no garantiza ninguna libertad. Antes bien, consolida valores obsoletos y pre-científicos, y sienta las bases para el mantenimiento de la opresión y la jerarquía en la sociedad.
Apuesta por la supresión de cualquier enseñanza confesional en las aulas. Sólo profesorado acreditado debe impartir clase, y siempre en el marco de la más estricta laicidad.
Democratización del sistema educativo, concediendo mucha mayor capacidad de decisión a AMPAs, estudiantes, profesorado y personal, y limitando las actuales arbitrariedades administrativas...
Verdadera autonomía universitaria y autentica democratización de sus estructuras, insertándolas en la realidad económica, social, política y cultural del Pais Valencià.
Introducción en la escuela de aspectos culturales propios de las tradiciones obreras y nacionales.

Pel record del genocidi Franquista. Feixistes fora del Pais Valencìa. Per la recuperació de la dignitat Republicana. Vota Comunista. Vota Partit Comunista dels Pobles de Espanya.


PCPE ELX.