La llegada del texto al Senado donde el Gobierno corre el riesgo de que algunas enmiendas que logró «tumbar» por la mínima en la Cámara Baja, salgan adelante en la Cámara Alta, donde las mayorías son más precarias, puede estar detrás de este aparente cambio de estrategia del partido socialdemócrata. Si el Senado introdujese modificaciones al texto, la ley volvería al Congreso, lo que retrasaría su aprobación definitiva y no parecen estos los deseos del ejecutivo a cinco meses de las elecciones. El PSOE no quiere ni oir hablar de problemas con la Iglesia Católica, con la que ha mejorado notablemente sus relaciones. Si la Ley de Memoria era impresentable, después de esta nueva concesión ya es para devolverla definitivamente. Ahora bién, ¿qué harán ahora los grupos parlamentarios autodenominados de izquierda y que apoyaron con tanto entusiasmo el olvido de la memoria?
Así las cosas, una de las modificaciones que está dispuesto a negociar el partido del Gobierno es que el polémico artículo 15 sobre símbolos y monumentos públicos exima a las iglesias de su cumplimiento. La redacción actual dice que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, «tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones públicas». El apartado tres de este artículo incluye que la Administración puede retirar las ayudas públicas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en la redacción anterior, lo que afectaba directamente al patrimonio de la Iglesia.
Se da la circunstancia de que entre las enmiendas al articulado que votó la Comisión Constitucional hace una semana, estuvo a punto de aprobarse una de CiU con el apoyo del PP sobre el mencionado artículo 15, que pedía su no aplicación «cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas u otras de interés general que lo hagan improcedente. En estos casos, podrá considerarse, de acuerdo con las circunstancias, la forma de dar testimonio de homenaje y recuerdo a todas las víctimas de la Guerra Civil». CiU defendió que este artículo no debía regir cuando las menciones fuesen de estricto recuerdo privado de personas muertas durante la Guerra Civil sin exaltación a uno solo de los bandos enfrentados en ella. Y el PP está de acuerdo en el planteamiento.
La suma de ambos partidos es, precisamente, lo que ha hecho reflexionar al PSOE, que se aviene a negociar el artículo para que las iglesias queden exentas de su cumplimiento. La cuestión es llegar a un acuerdo sobre el asunto antes de que el texto salga del Congreso, lo que evitaría correcciones en el Senado y dilaciones en la aprobación definitiva.
El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, tiene previsto reunirse mañana con el popular Jorge Fernández Díaz para acercar posiciones al respecto. El PP sostiene que en la negociación incluirá también una nueva redacción al artículo 10, el que establece una indemnización de 135.000 euros en favor de los herederos de quienes fallecieron entre 1968 y 1977 en defensa de la democracia. El PP entiende que debe incluirse una adición para excluir «expresamente» a los que ellos consideran terroristas de esta ayuda, y cuenta con la disposición de CiU a votar la misma rectificación. En el PSOE creen que se trata de una corrección innecesaria, pues se entiende que ningún terrorista luchó en favor de las libertades o los derechos democráticos.
Además de con el PP, el PSOE tiene abiertas negociaciones bilaterales con los grupos nacionalistas para modificar también el artículo 20, el que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica y habla del Archivo General de la Guerra Civil con el convencimiento de que las redacciones alternativas de los diferentes grupos podrían contar con apoyos suficientes también durante el trámite de la Cámara Baja. La estrategia parece clara: acabar cuanto antes este eterno debate que ha traído de cabeza al Gobierno durante los dos últimos años. No en vano, el PSOE se ha garantizado que la aprobación por el pleno del Congreso del texto que salió de la Comisión Constitucional pase prácticamente desapercibido el próximo día 31, víspera de un puente. Y es que el orden del día, además de la Memoria, incluye el debate de otros cuatro proyectos de ley, la comparecencia de Zapatero sobre el caos de las infraestructuras de Cataluña, y el control al Gobierno ordinario de cada miércoles.
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